Canarias está al límite. La llegada masiva de inmigrantes ilegales en cayucos a sus costas, especialmente a la isla de El Hierro, ha vuelto a poner sobre la mesa la fallida política de inmigración que se está aplicando desde el Gobierno, que le obliga a adoptar medidas apegadas a la realidad, que ante todo sean humanitarias, pero que al mismo tiempo traten de contener una oleada para lo que se hace imprescindible un pacto de Estado en el que se vean involucrado también la Unión Europea y los países de origen de estos inmigrantes.

Hasta el 15 de agosto, 31.155 migrantes habían llegado a España de forma irregular en lo que va de año, 12.410 personas más (es decir, un 66,2%) que en el mismo periodo de 2023 (18.745), según el último balance del Ministerio del Interior. Y en la primera quincena de agosto arribaron 2.124 personas en situación irregular, cifra que ha seguido incrementándose en los últimos días con la llegada de nuevos cayucos, principalmente a las costas canarias, procedentes en su mayor parte de Mauritania, y se advierte de que lo peor está por llegar en los próximos meses. Esta situación obliga a actuar en primer lugar para prestar un apoyo logístico en la atención a estas personas, muchas de las cuales llegan en una situación crítica. Y ahí se debe encontrar el apoyo de todo el Estado español para acoger a esos menores que no pueden regresar a sus países. También se deben garantizar los derechos legales de esas personas, que vienen huyendo de situaciones muy injustas que se viven en sus países de origen, pero eso no es motivo para que España abra las puertas de par para acoger inmigrantes irregulares, y eso exige una postura firme por parte del Gobierno, sin ambigüedades ni contradicciones, con mensajes claros que esquiven la confrontación. 

La gira del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por tierras de Mauritania, Gambia y Senegal no ha favorecido precisamente a esa cuestión, y aunque Sánchez insistía en su último mensaje en que se debe fomentar una inmigración «regular y ordenada» frente al «infierno» de la irregular, los planteamientos que ha ido defendiendo desde que comenzó la gira han dejado interpretaciones contradictorias, que han contribuido a generar un tenso debate político nacional en el que tanto los socios del Gobierno como la oposición, con el PP al frente, no han quedado conformes.

El Gobierno debe aclarar sus ideas en política de inmigración y expresar si está dispuesto a alcanzar un pacto de Estado con todos aquellos partidos que estén dispuestos a sumar para empezar a dar pasos en firmes en la lucha contra un drama que exige una postura firme. España debe ser inflexible para transmitir un mensaje de que es país de acogida única y exclusivamente de inmigrantes regulares, y debe tender la mano para colaborar estrechamente con los países de los que parten esas personas de manera irregular, para tratar de frenar a esas mafias que se aprovechan de su debilidad. Y en esa batalla es imprescindible que la Unión Europea vuelque todos sus esfuerzos, atendiendo y escuchando las necesidades de los países de acogida de estos inmigrantes para frenar un problema que va más allá del Estado español.