La Junta de Castilla y León rechaza la firma de un convenio para organizar y realizar el proceso de pruebas selectivas de la convocatoria extraordinaria del Gobierno para secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local -son 1.000 plazas y 161 corresponden a la Comunidad-, y pide que se mantenga el modelo estatal actual, en lo que ve como "el primer paso" para que Cataluña gestione estas competencias. 

Es la respuesta de la Consejería de la Presidencia a la comunicación remitida por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública en la que ofrece la firma de un convenio para que sea la Administración Autonómica, en vez de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, quien se encargue de organizar este proceso selectivo para la cobertura de los puestos de secretarios, interventores y tesoreros de las entidades locales con habilitación de funcionarios estatales fijos.

"Una propuesta inaudita, dado que, desde el año 2013, el sistema de selección de estos empleados públicos ha estado centralizado en el Estado", informaron a Ical fuentes del departamento del consejero Luis Miguel González Gago, que recalcaron que se trata de una competencia estatal.

Así, la Junta de Castilla y León ha enviado un escrito al director del Instituto Nacional de la Administración Pública para que rectifique esta decisión, y que sea el Estado quien se encargue del desarrollo de estos procesos selectivos, así como para que designe una ciudad de la Comunidad para su realización, como se ha hecho hasta ahora.

Precisamente, recuerda la Junta que, a mediados de febrero de este año, Valladolid acogió la celebración de tres exámenes de las oposiciones para funcionarios de habilitación de carácter nacional en las que participaron 824 candidatos, en un proceso organizado por la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Ante este proceso, el subdelegado del Gobierno en Valladolid recalcó el esfuerzo del Gobierno de España por descentralizar las sedes para la realización de los ejercicios, y así facilitar a los opositores poder examinarse sin tener que hacer importantes desplazamientos y asumir alojamientos en Madrid.

González Gago afirma que "ahora el Estado ha decidido incomprensiblemente no ofrecer esta comodidad a los opositores de Castilla y León en el caso de la convocatoria extraordinaria, y quiere delegar su responsabilidad en los diferentes gobiernos autonómicos".

El consejero castellano y leonés achaca esta propuesta a la reunión, a principios del mes de enero, entre el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, y el consejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau, en la que ambas partes acordaron que fuera la Generalitat quien realizara los procesos de selección de esta próxima convocatoria extraordinaria.

Al respecto, desde Presidencia, se recuerda que, durante el proceso que culminó en la celebración del referéndum ilegal de autodeterminación en Cataluña el 1 de octubre de 2017, fueron muchos los habilitados nacionales de las administraciones locales catalanas que expresaron su preocupación por exponerse a posibles responsabilidades penales derivadas del incumplimiento de la ley, y se vieron "sometidos a fuertes presiones por parte de los responsables políticos que promovieron dicho referéndum".

Según González Gago, "este es el principal motivo por el que a los partidos políticos separatistas les interesa que la Generalitat de Cataluña se haga con las competencias para organizar los procesos selectivos de las plazas de habilitados nacionales, y este puede ser el primer paso".

El consejero de la Presidencia informó, en sendas reuniones, a los representantes del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) y de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Apsital) de las propuestas de su departamento en esta materia.

También, realizó un balance, ante los representantes de ambas entidades, de las políticas desarrolladas por la Junta de Castilla y León en el marco de sus competencias en la materia, que se circunscribe a la cobertura de forma interina de estos puestos en los pequeños ayuntamientos de la comunidad.

Así, detalló que a través de la bolsa habilitada por la Consejería de la Presidencia para la provisión temporal de puestos de secretario interventor se han incorporado 300 interinos y más de 500 ayuntamientos de Castilla y León cuentan con esta figura de habilitado especial. La segunda edición de esta bolsa de trabajo, que comenzará a funcionar en 2026, se encuentra ya en proceso de constitución.