El portavoz del equipo de Gobierno, Álvaro Bilbao, efectuó ayer un anuncio importante sobre la transformación de la gestión de la movilidad en la ciudad, la creación de una sociedad municipal que se encargará de gestionar los aparcamientos, incluidos los disuasorios, y el servicio de la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento, más conocida como ORA o zona azul. 

Un proyecto que, explicó el edil, ya ha echado a andar con estudios preliminares, que apuntan a que esta gestión directa será económicamente favorable para el municipio. «Los análisis que hemos iniciado sobre los costes y los ingresos que podría suponer este modelo indican que los resultados serían económicamente favorables», afirmó Bilbao.

La idea del equipo de Gobierno de Miriam Andrés es crear un modelo similar al de Auvasa en Valladolid, que es una sociedad mercantil pública, que asuma la gestión, en primer lugar, del aparcamiento de la plaza de los Juzgado, de los parkings de la Estación de Pequeña y de trenes, que son propiedad de Adif; y el servicio de la ORA, cuyo contrato también llega a su fin próximamente. 

El Ayuntamiento considera que podría resultar económicamente favorable para las arcas municipales y, de esta forma, compensar el déficit en la prestación de servicio de transporte urbano, cuyo contrato será renovado este mismo año con un nuevo diseño de líneas.

Precisamente, fue durante el debate de una moción, la presentada por Izquierda Unida-Podemos, en la que solicitó que el Ayuntamiento gestione directamente el aparcamiento subterráneo de la plaza de los Juzgados, cuando Álvaro Bilbao realizó este anuncio. La propuesta de IU-P salió adelante con el apoyo de ¡VP! y el PSOE, aunque el foco de atención se centró en elcompromiso de los socialistas con «un modelo de ciudad más sostenible, donde el control y la gestión de los servicios de movilidad sean realmente de los palentinos», tal y como sentenció el portavoz del equipo de Gobierno de MiriamAndrés.

Un anuncio que se produjo en un pleno importante, ya que ayer se aprobó de forma inicial de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que fue posible gracias al consenso entre PSOE y PP, junto con el apoyo del concejal no adscrito, Ricardo Carrancio. La normativa salió adelante con 19 votos a favor, cinco en contra y una abstención, marcando un nada habitual acuerdo entre los dos principales grupos municipales en este mandato. 

Aunque alejada del planteamiento original socialista, las modificaciones introducidas permitieron que el texto obtuviera un amplio respaldo político. Tanto la alcaldesa, Miriam Andrés, como el concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, reconocieron que no era el proyecto deseado por su grupo, mientras que el portavoz del PP, Víctor Torres, subrayó que todavía hay margen de mejora.

En todo caso, la ordenanza, con plazos de implementación más amplios (a partir de 2027) y numerosas exenciones, se posiciona como una de las menos restrictivas de España, tal y como destacaron tanto el PP como Carrancio. Sin embargo, no logró consenso absoluto porque IU-Podemos optó por la abstención, considerando que las modificaciones debilitaron la ambición inicial, y Vox y ¡Vamos Palencia! votaron en contra, aludiendo a la falta de criterio técnico y base suficiente para justificar su aplicación.

una herramienta. El concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, defendió la importancia de las ZBE como herramienta para mejorar la calidad de vida urbana y combatir el cambio climático. Explicó que estas zonas aplican restricciones a vehículos en función de su clasificación ambiental para reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire. 

Además, subrayó beneficios como la mejora en la salud colectiva, la reducción del ruido y el embellecimiento del centro. «Este proyecto no solo es nuestra contribución a la lucha global contra el cambio climático, sino una respuesta directa para reducir la contaminación que afecta la salud de quienes vivimos en Palencia», afirmó.

Casas explicó que el calendario de implementación será progresivo, con las primeras restricciones a partir de 2027 y revisiones periódicas para ajustar las medidas a nuevas necesidades. También destacó las exenciones previstas: residentes prioritarios, acceso sin restricciones a quienes tengan garajes en la zona, profesionales, comerciantes, repartidores y padres con hijos escolarizados. Aunque admitió que la ordenanza no es perfecta, insistió en que representa un paso necesario para transformar la ciudad y adaptarla a nuevas realidades.

margen de mejora. El portavoz del PP, Víctor Torres, justificó el apoyo a la ordenanza por la obligatoriedad legal de su aplicación, aunque destacó las modificaciones introducidas por su grupo para suavizar las restricciones. Entre ellas, la eliminación de límites para vehículos con etiquetas B y C, el retraso en las sanciones, y la reducción de horarios restrictivos entre semana. «A propuesta del grupo popular se ha conseguido eliminar cualquier restricción a los vehículos con etiquetas B y C, consiguiendo que la mayoría de los vehículos circulen con normalidad», señaló.

Torres destacó que el texto es ahora menos restrictivo que la propuesta inicial del PSOE, que planteaba restricciones progresivas desde 2025 y horarios más amplios. También criticó la falta de aportaciones de ¡Vamos Palencia! y cuestionó la postura de IU-Podemos, defendiendo la importancia de las exenciones incluidas. Aunque reiteró el apoyo del PP, aclaró que no es un «cheque en blanco» y que seguirán trabajando para mejorar la normativa en la fase de alegaciones, en la que, así lo anunció, abogará por eliminar restricciones los sábados.

Al bloque a favor de la normativa se sumó el concejal no adscrito Ricardo Carrancio, que aunque reconoció reticencias iniciales, concluyó que aceptar la regulación europea es económicamente beneficioso para la ciudad de cara a recibir futuros fondos europeos.

zona de bajas ambiciones. El grupo IU-Podemos se abstuvo al considerar que el acuerdo PSOE-PP debilitó significativamente la propuesta inicial. Su portavoz, Rodrigo San Martín, calificó la ZBE como una «zona de bajas ambiciones» y criticó las amplias exenciones que, a su juicio, reducen las restricciones a algo meramente simbólico. También cuestionó el gasto en cámaras y adecuación de aceras si no funcionarán hasta dentro de dos años y medio.

No obstante, el rechazo más contundente llegó desde Vox. Su portavoz, Sonia Lalanda, calificó la ZBE de innecesaria para una ciudad con buena calidad del aire y cuestionó los elevados costes de implementación (1,38 millones de euros) y mantenimiento (267.000 euros anuales). Lalanda criticó la falta de estudios específicos sobre la calidad del aire en Palencia y advirtió que la normativa supone una intromisión en las libertades individuales. Así, anunció acciones judiciales contra la ordenanza y denunció su impacto negativo en el comercio local.

¡Vamos Palencia! también votó en contra, argumentando que la ZBE carece de criterio y no responde a la realidad de la ciudad. Su portavoz, Maribel Contreras, cuestionó la delimitación de la zona, señalando que barrios más afectadas por la contaminación han quedado fuera. Además, lamentó la falta de alternativas de movilidad, como aparcamientos disuasorios o carriles-bici, y calificó los estudios previos como insuficientes. Contreras pidió un análisis socioeconómico más detallado y sugirió revisar el diseño integral de la normativa.

Próximos pasos. En definitiva, la aprobación inicial de la ZBE marca un punto de partida en la transformación de la movilidad urbana en la ciudad, pero lo hace sin un acuerdo unánime en cuestiones fundamentales como la delimitación de la zona, la coherencia técnica de los estudios y el impacto socioeconómico de su implementación. 

El texto se someterá a información pública durante un mes y requerirá ajustes y negociaciones futuras para solventar las numerosas alegaciones que se esperan.  Quizá, cuando afronte su aprobación definitiva, haya cambiado tanto que entonces sí se pueda hablar de aceptación y eficacia, pero no será fácil.