El Ministerio Fiscal pide una pena global de 16 años de prisión para los cuatro acusados de un delito de insolvencia punible. La vista oral tendrá lugar este lunes en la Audiencia Provincial.
Al parecer, el por entonces administrador de una empresa y otro de los acusados, quien supuestamente adquirió la sociedad entre febrero y diciembre de 2012, habrían desarrollado «una trama para sacar el patrimonio» de la sociedad y así poder «seguir trabajando sin que se hicieran efectivos los avales personales» firmados con entidades bancarias, según recoge el escrito de acusación al que tuvo acceso este periódico.
Entre los perjudicados por esta situación se encontraron varios trabajadores de la empresa. A algunos de ellos les fueron reconocidos, mediante sentencia dictada en 2011 por el juzgado de lo Social número 1 de Palencia, los pagos de determinadas cantidades en concepto de salarios impagados, indemnizaciones y salarios de tramitación.
Ambos empresarios, junto con otros dos acusados, llevaron a cabo, presuntamente, una serie de operaciones bancarias «con la finalidad de distraer y ocultar elevadas cifras de dinero para evitar que los acreedores de la empresa cobrasen cuanto se les debía», de acuerdo con el Ministerio Público. La mayoría de estas operaciones bancarias se habrían producido en el mes de junio de 2011. Según la Fiscalía, los supuestos autores se habrían beneficiado «sin justificación» de cantidades que osclilan entre los 100.000 y 339.900 euros.
El informe del administrador concursal de la empresa entiende que se produjo «alzamiento de bienes» entre 2010 y 2012, siendo en este último ejercicio cuando se declaró el concurso de la sociedad. Dicho concurso fue dictado por auto del Juzgado de lo Mercantil de Palencia en diciembre de 2012.
Por estos hechos, el MinisteriPúblico solicita a una pena de cuatros años para cada uno de los acusados, así como 12 meses de multa con una cuota diaria de diez euros.
En el apartado de responsabilidad civil, la Fiscalía pide a los supuestos autores que indemnicen a los acreedores de la empresa con las respectivas cantidades con las que presuntamente se beneficiaron con las operaciones.