La única vez que se había cuestionado el nombramiento del gobernador del Banco de España por supuesta vinculación política con el Gobierno nombrador (socialista este caso) fue en el caso de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que saltó al cargo viniendo de ejercer como secretario de Estado en el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
El detalle chocante lo desentierra la hemeroteca: el mismísimo Pedro Sánchez, entonces secretario general del PSOE (año 2016, pero antes de su derrocamiento en el tragicómico comité federal del 1 de octubre) criticó a balón pasado (Zapatero ya estaba amortizado) el nombramiento del compañero "Mafo" porque el salto del Ejecutivo a la dirección del banco central cuestiona la independencia del organismo. En estos términos: "Reconozco que nosotros cometimos en la pasada legislatura un error. Y fue nombrar gobernador a un ex responsable político".
Oiga, marca de la casa: indultos, pactos con Bildu, amnistía, separatismo fiscal, etc. Lo que hoy es blanco mañana es negro en la hoja de ruta del todavía presidente del Gobierno. El mismo que acaba de imponer a uno de sus ministros como gobernador del Banco de España para los próximos seis años. José Luis Escrivá, ya exministro de Transformación Digital y Función Pública, reproduce por elevación el caso de Fernández Ordóñez, pero lo que entonces causaba un daño reputacional a la institución es ahora una sabida decisión del jefe Sánchez.
Lo demás llueve sobre mojado. Ni siquiera se respeta el espíritu y la letra del régimen general de incompatibilidades para cargos públicos que pasan a la empresa privada. No es ético ni estético transitar de la noche a la mañana desde el campo de los reguladores al de los regulados. Tampoco lo es encomendar la institucionalizada mirada independiente del Banco de España sobre la marcha de la economía a quien la ha estado gestionando hasta un minuto antes como ministro del Gobierno.
Es verdad que el nombramiento se atiene a las formalidades y que el Gobierno no puede cesarle durante el mandato, que no coincide con las legislaturas. Es verdad que Escrivá no es militante del PSOE. Y es verdad que la competencia del nombramiento es del presidente de turno (propone el presidente y nombra el Rey). Pero también es verdad que Sánchez se ha pasado por el arco del triunfo la sana costumbre de que los nombramientos de gobernador y subgobernador salgan de un consenso entre los dos partidos de la centralidad (PSOE y PP en este caso), con la última palabra del Ejecutivo para el gobernador y la del principal partido de la oposición para el subgobernador.
Pero esa dinámica saltó por los aires en las discretas conversaciones que hasta ahora venían manteniendo el ministro Bolaños y la número dos del PP, Cuca Gamarra. Mala noticia, aunque nada nuevo en la España de Sánchez.