El pasado miércoles no fue un buen día para Álvaro García Ortíz, imputado por el Tribunal Supremo por un posible delito de revelación de secretos. Tampoco el día siguiente fue una jornada fácil para el fiscal general del Estado, que por la mañana compareció ante la Junta de Fiscales, y por la tarde se reunió con el Consejo Fiscal. Órganos consultivos y por tanto no vinculantes, pero cuyas opiniones marcan el estado de salud del Ministerio Público.

Fue decisión de García Ortíz convocar a sus compañeros, quiso trasladarles personalmente su punto de vista sobre las consecuencias de su situación, el primer fiscal general del Estado investigado en democracia. 

Ni la Junta ni el Consejo de los fiscales tuvieron que votar tras la intervención del fiscal general. Las dos reuniones no tenían más objeto que dar oportunidad a García Ortiz de expresas su opinión, no había nada que votar. Sin embargo, no fue difícil averiguar qué sucedió exactamente en las reuniones.

No hubo tensiones, todos hicieron el esfuerzo de contenerse y en algunos momentos incluso se respiró cierta cordialidad. En la Junta y el Consejo se sentaban fiscales que eran amigos de Ortiz, o lo habían sido. Pero, en las intervenciones, quedó muy claro que era mayoritario el criterio de que debía dimitir de su cargo. En la Junta, según se deduce, aproximadamente un tercio de los miembros opinaron que debía mantenerse al frente de la Fiscalía General, mientras el resto se inclinaba por la dimisión; y que la presentara cuando antes por el bien de la institución. En el Consejo, donde una vez más se visualizó la división entre progresistas y conservadores, situación que molesta siempre a quienes forman parte de organismos del Estado, fue mayoritario el número de miembros que trasladaron a García Ortiz su opinión de que debía dejar el cargo. En todos los casos se compartía la misma idea: mantenerse al frente del Ministerio Público como imputado, afectaba gravemente la imagen de la Fiscalía.

Precisamente ese punto, el del presunto descrédito, fue al que dedicó más tiempo Álvaro García Ortiz. Al contrario de la opinión de la mayoría de compañeros, defendió que la Fiscalía se desacreditaba si no actuaba con el rigor suficiente y defendía a su cabeza. La imputación no significaba que se hubiera cometido un delito, y en cierto sentido suponía dar aliento a quien había presentado la querella, que era el presunto delincuente.

El germen de la historia

La historia se ha explicado estos días hasta la saciedad. Isabel Díaz Ayuso es probablemente la dirigente del PP que más animadversión provoca en el PSOE, al mismo tiempo que es la que más inquieta porque piensan los socialistas que sería una rival peligrosa en el caso de que sustituyera a Alberto Núñez Feijóo, porque a los votantes del PP sumaría un considerable número de simpatizantes de Vox. 

Ayuso no tenía puntos flacos... hasta ahora. Su pareja, Alberto González Amador, un empresario que se mueve en el sector sanitario, aunque no es el único en el que tiene intereses, está siendo investigado por la Agencia Tributaria por presunto delito fiscal. Supuestamente no ha declarado la totalidad de sus ingresos, y ha comprado un piso en Madrid sin haber completado la documentación necesaria para hacer una importante obra. Piso en el que vive con la presidenta madrileña.

A petición del abogado de García Amador, se iniciaron ciertas negociaciones con Hacienda para tratar de llegar a un acuerdo, reducir el monto de la multa y evitar la pena de prisión. Según fuentes de la Agencia Tributaria, ese tipo de acuerdos son habituales, y para iniciarlos el investigado debe reconocer que ha cometido un delito fiscal. En el caso de García Amador, dos delitos.

Este último dato es el que ha utilizado la Fiscalía para acusar a García Amador de haber delinquido. De paso, pone el foco en Díaz Ayuso. González Amador se defendió diciendo que había sido la Fiscalía la que había sugerido el proceso negociador y el fiscal general decidió entonces hacer pública la situación de la pareja de Ayuso, enviando una nota a la Fiscalía de Madrid para que a través del gabinete de prensa la distribuyera. Sin embargo, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se negó a distribuirla porque se podría incurrir en el delito de revelación de secretos. Finalmente la distribuyó la Fiscalía, y casi de inmediato Álvaro García Ortíz se encontró con una querella de González Amador.

El jefe del Ministerio Público se rebeló diciendo que algún medio ya había publicado datos sobre la situación de González Amador antes de que se distribuyera el comunicado, lo que se demostró falso. Y tras varias semanas de polémica y de investigación del Supremo -el fiscal general está aforado- el pasado miércoles la Sala Segunda determinó su imputación.

Es indispensable recordar, sin que ello signifique acusar a jueces y fiscales de moverse por intereses ajenos a sus funciones, que en los últimos meses han sido constantes los enfrentamientos entre el Tribunal Supremo y la Fiscalía. 

Decisiones cuestionadas

Si fue generalizada la crítica por el hecho de que el Gobierno nombrara fiscal general a una persona de absoluta confianza de Dolores Delgado, que le había antecedido en el cargo, y que había sido inmediatamente antes ministra de Justicia, asombró para mal que desde su nuevo puesto García Ortíz tomara decisiones cuestionadas, siempre en defensa del Ejecutivo. 

El Supremo expresó su disconformidad con algunas de sus decisiones, entre ellas elevar a Delgado a fiscal de Sala, sin contar con los requisitos exigidos y, posteriormente, designarla jefa de Sala en Materia de Derechos Humanos. El Supremo recibió tres recursos, por incompatibilidad de Delgado, ya que su marido, Baltasar Garzón, está dedicado a materias en las que tendría competencia su mujer. Sin embargo, la mayor parte de las discrepancias entre el Supremo y la Fiscalía General han estado relacionadas con la aplicación de la amnistía.

Su figura ha sido controvertida desde el mismo día que se anunció su nombramiento, y aunque aquellas primera semanas hacía declaraciones defendiendo que actuaría en cumplimiento estricto de la ley, no tardó en demostrar que se había puesto a las órdenes de Pedro Sánchez y de sus intereses. Tal es así que fueron varios los fiscales de prestigio a los que se consideraba adscritos a las asociaciones progresistas que se dieron de baja para expresar su desacuerdo con el fiscal. Que, además, consideraban que no defendía a los profesionales, al ignorar las demandas de amparo que le fueron presentadas ante la campaña de descrédito a los fiscales por parte de medios cercanos al sanchismo.

Se enfrenta ahora García Ortíz a una investigación dirigida por el juez del Supremo Ángel Hurtado. A él corresponderá escuchar al fiscal, a distintos testigos, y analizar los documentos relacionados sobre si hubo o no filtración de datos reservados de Alberto González Amador.

Hurtado, que participó en algunos de los casos relacionados con la trama Gürtel, se opuso a que el PP fuera condenado como participe en ese caso a título lucrativo. Fue el asunto que provocó la moción de censura, y caída, de Mariano Rajoy. 

En medios socialistas, ya ha empezado la campaña para dudar de la independencia de Hurtado como instructor del caso de García Ortiz.