La ley que convalida penas de cárcel cumplidas en la Unión Europea y beneficia a presos históricos de la banda terrorista ETA continúa su trámite y, tras su paso por el Senado, y vuelta a la Cámara Baja, su presidenta, Francisca Armengol, la remitió directamente al Boletín Oficial del Estado para su publicación y entrada en vigor. Sin embargo, el Partido Popular anunció ayer que tiene la intención de presentar un conflicto de atribuciones con el Congreso ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de que la norma sea sometida a debate y los diputados puedan volverla a votar. Es evidente que los de Feijóo se están moviendo, aunque sea tarde, para tratar de evitar que la ley de antecedentes penales acabe beneficiando a terroristas que no han mostrado un ápice de arrepentimiento, pero también lo es que el día que se presentó la enmienda todo el grupo popular la respaldó sin fisuras. ¿Por qué? Porque ninguno de sus diputados, ni siquiera los encargados de hacerlo, se había leído la enmienda antes de dar su visto bueno.

Resulta inconcebible y deleznable que el Gobierno haya presentado una ley de ese calado de tapadillo, pero es insultante que el partido que se quiere erigir en el defensor de las víctimas del terrorismo, como es el PP, haya salido en la foto de la vergüenza, dando el sí a la norma, sin que haya habido dimisiones o ceses por el error cometido. El trabajo de sus señorías se basa, entre otras muchas cosas, en tener controlado todo lo que se debate y se vota en el Congreso de los Diputados. Respaldar una enmienda que reducía las penas a miembros de ETA por no haberla estudiado -ni siquiera haberla leído- es un fallo que debería haber tenido consecuencias. Pero, en vez de haber asumido responsabilidades, entonando el mea culpa, el PP ha trazado una estrategia que ha tenido episodios tan incomprensibles como poco afortunados. La imagen de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, sujetando una cartulina con los rostros de algunos socialistas asesinados por ETA, con gestos vehementes, y la sonrisa de su compañera de Hemiciclo, Macarena Montesinos, provocó el enfado y el hastío de familiares y representantes de las víctimas del terrorismo, que acusaron directamente a los de Génova de tratar de sacar rédito político y de no respetar la memoria.

El registro de una solicitud para que el Senado requiera a la Mesa del Congreso una rectificación es acertado, reconduce la estrategia y rebaja el ruido, aunque el recorrido hasta el Constitucional, si es que se produce, por un conflicto entre órganos -primera vez que se daría entre ambas cámaras legislativas- quizás no lleve a ninguna parte.