El despliegue del nuevo sistema inteligente para el transporte público de viajeros de Castilla y León avanza con la selección de las empresas, en la mayoría de los casos uniones temporales de varias, que se encargarán de su puesta en marcha en los próximos meses. Los ocho concursos, lanzados a finales de junio con una inversión de 31,9 millones de euros, han completado ya varias fases, con la previsión de que en diciembre se cierre la contratación.

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital tiene que elegir ahora a los adjudicatarios de los ocho contratos, porque aunque uno se declaró desierto en julio, se lanzó de nuevo y ya cuenta con dos licitadores. En otro, uno de los dos lotes tampoco recibió ofertas y en otros las empresas tienen que subsanar algunos errores para que sean finalmente aceptadas o excluidas del procedimiento.

La maquinaria de contratación de la Dirección General de Transportes trabaja en paralelo, pues las ocho licitaciones se lanzaron de golpe, con unos periodos de tramitación similares, pues el plazo de presentación de ofertas se estableció hasta el 17 y 21 de julio. Una vez recopilada la información, las diferentes mesas tienen que revisar toda la documentación, técnica y económica, y formular una propuesta de adjudicación, decisión que llegará en las próximamente.

El tropiezo en este proceso lo protagoniza el contrato para la adquisición de tarjetas sin contacto, tarjetas SAM y Etiquetas NFC/QR, que tenía un presupuesto de 563.860 euros, con un plazo de ejecución de 20 meses. Fue declarado desierto el 20 de julio, si bien se volvió a licitar, puesto que ninguna empresa se interesó por el expediente.

Lo mismo ocurrió en la compra de material informático para modernizar la inspección de transportes, puesto que no se presentó ninguna empresa, a diferencia de lo que ocurrió con las básculas móviles electrónicas, que recibió una. En este caso, el plazo de ejecución era de tres meses y el presupuesto conjunto, 570.070 euros.

También, Movilidad evalúa desde agosto una sola oferta, de una unión temporal de empresas -Soluciones Smart de Territorios, Seys Medioambiente y Elliot Cloud- para la implantación del Centro de Control de Transporte, que se ubicará en la estación de autobuses de León. Licitado por 1,6 millones y un plazo de ejecución de 12 meses, permitirá la coordinación de las concesionarias y verificará las condiciones del servicio y contará con un centro de atención telefónica para viajeros, una oficina de certificación y el servicio de explotación del dato.

Cinco contratos más

Dos licitadores compiten por hacerse con el proyecto de 3,52 millones del Gemelo Digital, una colaboración con el Ayuntamiento de León, extrapolable al resto de transporte público de la Comunidad, que permitirá la representación virtual de la movilidad y la simulación de escenarios. La mesa de contratación cuenta desde primeros de agosto con dos ofertas para el primer lote y una para el segundo. El plazo de ejecución es de 22 meses.

En cuanto al Sistema Central de Gestión ITS, tres licitadores compiten por esta actuación de 4,61 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses. Es el servidor central en la nube del sistema de transporte público por carretera de la Comunidad. Al sistema se tendrán que conectar todos los operadores, que a su vez recibirán los datos de los autobuses (ubicación exacta por GPS, monética y ticketing, información en tiempo real, conteo de pasajeros o cámaras de seguridad).

Movilidad analiza dos ofertas para instalar un sistema de monética que pueda aceptar tarjetas bancarias sin contacto, pagos con el móvil y tarjetas de transporte avanzadas -695.440 euros y 12 meses de ejecución.

Respecto al equipamiento no embarcado -marquesinas y paradas inteligentes de transporte público regular de viajeros y pantallas informativas en estaciones de autobuses-, tres licitadores optan a este contrato de 8,42 millones y que tiene que ejecutarse en 22 meses.

Además, cinco empresas esperan la decisión de la Junta sobre quien se encargará del hardware embarcado y el software que gestione los servicios de información en tiempo real, monética y ticketing; conteo de pasajeros; ayuda a la conducción eficiente; videovigilancia y pantallas inteligentes. Se trata de una inversión de 11,89 millones de euros, que tiene un plazo de ejecución de 22 meses.

Débil tráfico y déficit

En Castilla y León, el sistema concesional actual está basado en 236 contratos titularidad de la Comunidad prestados por 152 empresas: 148 concesiones autonómicas, 76 especiales y 12 taxis vinculados a contratos concesionales. A éstos, se añaden 30 contratos titularidad de la Administración del Estado, que contienen tráficos autonómicos.

Este transporte se caracteriza, en Castilla y León, por tener un elevado número de rutas de débil tráfico con un bajo nivel de ocupación (diez viajeros por kilómetro) y con un bajo nivel de cobertura económica (valor medio del 58 por ciento). La Junta reconoce que muchas de las líneas regulares tienen unos resultados de explotación negativos y son, por tanto, deficitarios ya que atienden tráficos rurales que conectan localidades de escasa población con los principales núcleos urbanos.