Si a veces España produce más noticias de las que es capaz de consumir, sobre todo cuando afloran casos de corrupción, hay ocasiones en que nuestro país se parece cada vez más a la Italia del pentapartito y la corrupción galopante y, como en ese caso, se hace patente que la política va por un lado y la vida de la gente y la economía va por otro: a las siete de la mañana se levanta la persiana y el país comienza a funcionar independientemente de quien este a los mandos. Los italianos conocen esa sensación muy bien y los ciudadanos nacionales empiezan a sentirla cuando la economía marcha de forma razonable y el ambiente político es insoportable.
Los datos de empleo y paro del mes de febrero son exponentes de esa dicotomía. Mientras que en el Congreso el PP presentaba un escrito para que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, dimita por su posible responsabilidad en el tentáculo balear del "caso Koldo" y cada medio de comunicación se fija un objetivo a batir de los posible involucrados aunque no estén investigados, -unos apuestan por implicar a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez; otros tiran por elevación hacia la vicepresidenta primera, María Jesús Montero-, y mientras se dan los últimos retoques a la ley de amnistía para no dejar destapado al prófugo Carles Puigdemont, el empleo ha crecido el mes pasado en más de 103.000 trabajadores, el mejor registro desde 2007, y la consecuencia es que la Seguridad Social registra casi 21 millones de afiliados en febrero, que el paro se sitúa en 2.760.408 desempleados y que la tasa de temporalidad se encuentra en mínimos históricos del 12,7%. Además, el número de trabajadores por cuenta propia ha subido en 10.097 personas en febrero, el mejor dato de los seis últimos años y el triple que hace un año.
Si a eso se añade que las previsiones de crecimiento económico de España son de las mejores entre los países de nuestro entorno y que los institutos de análisis lo confirman, que el turismo extranjero comienza el año batiendo récords de entrada de visitantes y de gasto por persona, entre otros indicadores, cabría dar por hecho que se han acabado no solo las previsiones apocalípticas, sino que las cosas marchan razonablemente bien. Cabría imaginarse también lo que sería el país si dejara de italianizarse, no porque llegue a la etapa de Tangentópolis, dado que la corrupción no alcanza esos niveles ni la profundidad que tuvo en el país transalpino, sino porque los dos principales partidos no estuvieran solo pendientes de permanecer en el poder -el PSOE- o de arrebatárselo -el PP-, sino que demostraran tener el sentido de Estado al que tanto apelan, más allá de las contingencias.
Cada vez que salta un caso de corrupción de mayor o menor intensidad se comprueba que todos los compromisos previos para adoptar medidas de prevención que garanticen que el dinero público se gasta de forma adecuada han quedado en el olvido, y es preciso volver a repetirlas a ver si en esta ocasión se acuerda la prohibición de los indultos a los corruptos, la limitación de los aforamientos, o la creación de un consejo de prevención de la corrupción. Estas medidas las retoma ahora la líder de Sumar, Yolanda Díaz, pero caerán en el olvido hasta la próxima ocasión.