Dos más dos siempre tiene que dar cuatro, si no es que algo falla. Y en Castilla y León, como en otras comunidades, hace tiempo que con la financiación autonómica la suma da tres. Un elefante que ya ha roto las paredes y el techo de la habitación ante un error cronificado durante los más de once años que lleva caducado el sistema de reparto de los recursos a las autonomías para que hagan frente al coste de la sanidad, la educación o los servicios sociales, entre otras competencias transferidas. Y la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy no va a servir para poner la primera piedra de su reforma y el Gobierno opta por otro pelotazo hacia delante para no abrir este melón.
Los números no mienten y cada vez que se acude a ellos se evidencia el perjuicio para Castilla y León de un modelo diseñado hace una guerra, una pandemia mundial y dos crisis económicas, un modelo descosido por todas las costuras.?Guarismos que hasta el propio Consejo de Cuentas entiende que, se miren por donde se miren, suponen un quebranto para la capacidad financiera de la Comunidad. Pero hay dos que se ven especialmente punzantes para un territorio que abarca más espacio que muchos países europeos –Castilla y León es más grande que Portugal– y que ve cómo el sistema de financiación ignora sistemáticamente la importancia de la dispersión y despoblación en el coste efectivo de la prestación de los servicios públicos.
El primero es aquel que sitúa a Castilla y León como la comunidad en la que menos han crecido las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica si se comparan los datos de 2014 –año en que caducó el modelo– y 2025. Un periodo en el que los recursos transferidos del modelo, incluidos los de impuestos cedidos y los dos fondos correctores, aumentaron en un 54,4%, catorce puntos menos que la media y treinta por debajo de Cataluña. Los datos que maneja el Ministerio de Hacienda revelan que el sistema y su configuración es especialmente perjudicial con Castilla y León y aquellas comunidades con problemas demográficos similares, ya que en el vagón de cola se encuentran también Asturias, Extremadura, Cantabria o Galicia.
El segundo es el que cifra en casi 9.000 millones de euros –sin contar las liquidaciones del sistema– el socavón presupuestario provocado en las arcas de Castilla y León por culpa de la arquitectura del modelo de financiación desde que caducó. Un milmillonario dato que 'solamente' surge de la diferencia entre lo recibido de entregas a cuenta desde 2014 –79.000 millones de euros– y lo gastado por la Junta de Castilla y León en las consejerías de Sanidad, Educación y Servicios Sociales en ese mismo periodo –más de 88.000 millones–. Y es que el desfase puede ser mayor si se computan otras competencias asumidas por la Comunidad y que se costean con cargo al modelo de financiación.
«Ni para pagar los servicios públicos»
Por poner en contexto la cifra, esos 9.000 millones son exactamente los que destina anualmente Castilla y León a costear estos tres pilares del Estado del Bienestar. Un perjuicio económico que supone, de base, una infrafinanciación anual de casi 700 millones de euros desde que venció la vigencia del actual sistema de financiación, y que vuelve a evidenciar que su diseño no atiende al coste real de los servicios en una comunidad tan dispersa poblacionalmente, tal y como demanda Castilla y León desde hace años y que ya se recogía en las 168 páginas del informe de expertos de 2017.
«No nos da ni para pagar los servicios públicos», lamenta a este periódico el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que recuerda que el modelo vigente ya se pactó en su momento «con los independentistas». «En 2009 cuando se firmó ya dijimos que perjudicaba a Castilla y León» porque no incorporaba «adecuadamente» variables como la despoblación «y el tiempo nos ha dado la razón». El también portavoz, que insiste en la necesidad de un modelo que garantice una financiación «justa, suficiente y equitativa», añade que el resultado de este sistema es que «la infrafinanciación se ha ido incrementando con el tiempo».
La 'singularidad' de Castilla y León
Y es que el 'coste real de los servicios' es la piedra angular de la 'singularidad' por la que Castilla y León clama de cara a una reforma del modelo de financiación. Una 'singularidad' vinculada a la despoblación y la dispersión territorial, dos factores clave que disparan, más allá de las variables cerradas que conforman el modelo de financiación, el precio que asume la Junta por prestar los servicios sanitarios, educativos o sociales en los 94.000 kilómetros cuadrados de Comunidad: Castilla y León tiene 1.663 centros de salud y consultorios por millón de habitantes, diez veces más que la media y la tasa más alta de España–; 4,2 sanitarios por cada 1.000 habitantes, frente a los 3,6 de media; casi 500 colegios públicos por cada 100.000 alumnos –la segunda más alta–, frente a los 346 de España.
Mientras, el Ministerio de Hacienda opta por dar otro pelotazo hacia delante con el eterno problema del sistema de financiación y ha abierto un plazo de un mes para pedir, como ya hizo en 2022, que las comunidades envíen sus alegaciones para una reforma del modelo que nunca termina de llegar. Por el camino, ayer presentó su propuesta para asumir 3.643 millones de deuda de Castilla y León, algo que el Gobierno autonómico rechaza e insiste que el verdadero «problema» es la «urgente» necesidad de reformar el modelo de financiación.