Convertir el edificio del antiguo ambulatorio en dos viviendas destinadas al alquiler social. Este es el objetivo que se ha marcado el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, quien ha recurrido al programa Rehabitare de la Junta para dar una nueva vida a este inmueble abandonado.
Las negociaciones entre ambas administraciones «comienzan a dar sus frutos», destaca el alcalde, Cristian Delgado, quien apuesta por acometer la intervención en dos fases, la primera de ellas este mismo año, según avanza el equipo de Gobierno. «Estamos decididos a trabajar con todas las administraciones para aumentar el parque de viviendas en alquiler en el término municipal», apunta el primer edil barruelano.
En este sentido, el alcalde destaca que «pese a que estamos inmersos en el estado de alarma, y el protocolo se iba a firmar antes de la declaración del mismo, continúan los trámites administrativos para el inicio de las obras». Asimismo, Delgado asegura que «vamos a trasladar los servicios que allí se prestan, con antelación suficiente, antes del inicio de las obras».
Asimismo, una vez la Junta comunique su intención de iniciar los trabajos, el equipo de Gobierno se reunirá con los usuarios del gimnasio y de las asociaciones que allí se ubican, para comunicarles donde se trasladarán sus servicios.
Pese a todo, durante este primer año, solo se actuaría en la planta baja, y se crearía un nuevo acceso con escaleras exteriores, por la parte superior. Desde el Ejecutivo local recuerdan, además, que en este 2020, han entrado en vigor las bonificaciones municipales al IBI por alquiler de vivienda de habitual.
Plan de ruinas
En el plano urbanístico, el Ayuntamiento de Barruelo trabaja ya en un plan de ruinas que recibió el visto bueno de la corporación reunida en pleno y que contempla un procedimiento muy pautado, a la hora de tramitar los expedientes. «Quien desatienda los requerimientos, se enfrentará a sanciones», advierte el regidor.
Por otro lado, el Consistorio de la localidad minera anuncia que una vez tengan sobre la mesa este plan, elaborará un calendario de derribos. Previamente contactará con las empresas locales y de la zona para pedir presupuestos, que intentarán que ejecuten los propietarios. «Vamos a intentar cobrar estas actuaciones conforme a la ley, puesto que se trata del dinero de todos, que tenemos que gastar en propiedades particulares en mal estado», insiste el alcalde.