José Luis Ábalos ha pasado a la historia por ser el primer ministro auditado por su propio partido. Su situación ha sido más que complicada desde entonces y, cuando ha tenido la oportunidad, no ha dudado en contraatacar. Sabe que es la mejor defensa y quiere poner en aprietos a un Gobierno que ante la sombra de la sospecha por el caso Koldo le dejó en la cuneta del Grupo Mixto en el Congreso. Para ello, ha registrado en el parlamento un escrito de 13 páginas, con 23 preguntas, en el que pide explicaciones al actual titular de Transportes, Óscar Puente, por la auditoria que encargó sobre los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia y sostiene que ese estudio lo hizo la persona misma que fue entonces responsable de la ejecución de los contratos, a la que otorga la doble función de juez y parte.
Ábalos aconseja además revisar el papel jugado por el Ministerio del Interior acerca de las visitas de un subteniente de la Guardia Civil a Transportes durante los procesos de adquisición de mascarillas, abriendo otro frente que podría afectar más aún a la imagen de la administración socialista.
Y es que, más allá de las cuestiones personales o políticas que puedan influir en esta acción, es indudable que el ciudadano tiene derecho a saber cómo se gestionó el dinero público en uno de los momentos más críticos de la historia reciente de España. Las compras de material sanitario, como mascarillas, son un área que ha estado bajo el escrutinio público, y es fundamental que cualquier sospecha de mala praxis se aclare con total transparencia. El exministro Ábalos incide ahora en que de la misma dirección general autora de la auditoría «depende la gestión de la política de adquisiciones de recursos materiales del departamento», de lo que deduce que ese órgano encargó a la Oficialía Mayor «el depósito y el despacho de las mascarillas para los funcionarios de Ministerio de Transportes».
Por todo ello, la conclusión de Ábalos es que la auditoria fue «deficiente, sesgada e incompleta», y se sorprende, y mucho, de que el actual responsable de Transportes, Óscar Puente, no haya depurado responsabilidades de aquellos que «no cumplieron los protocolos para un efectivo control de recepción y despachos de las mascarillas».
El asunto se enturbia y este episodio no puede limitarse a un enfrentamiento entre exministros. La ciudadanía española necesita confiar en sus instituciones, y eso solo puede lograrse mediante un ejercicio riguroso de rendición de cuentas. La gestión pública debe estar a la altura de la responsabilidad que implica administrar los recursos de todos. La transparencia y la responsabilidad no son valores negociables.