El 31 de diciembre está muy cerca y ese es el plazo que tiene el Ayuntamiento para aprobar la ordenanza que debe regular la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital. Un reto complicado pese a que, hace poco más de 15 días, la comisión de Medio Ambiente dio luz verde a un texto que únicamente contó con el apoyo del grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos, lo que no garantizaba su aprobación por el pleno.
El próximo jueves hay sesión ordinaria, la de este mes, y el equipo de Gobierno de Miriam Andrés quiere aprobar -mejor dicho, tiene que aprobar- una ordenanza con el mayor consenso posible, de ahí que en las dos últimas semanas, el concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, se haya reunido con los grupos políticos para sondear un acuerdo. El PSOE tiene claro que no puede acceder a las peticiones de Vox, que el apoyo de IU-P no es suficiente y, sotto voce, reconocen que no se fían de dejar la aprobación a lo que decida ¡Vamos Palencia! en el pleno después de su abstención en la anterior comisión. La única vía es el Partido Popular, con quien se está a punto de cerrar un acuerdo que se materializará en la comisión convocada para el lunes, en la que se dictaminará una nueva versión de la ordenanza.
En esa negociación con el Partido Popular, el equipo de Gobierno de Miriam Andrés ha decidido suavizar las restricciones para alcanzar un acuerdo. La principal novedad es una ampliación significativa en los criterios de acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), permitiendo la circulación a una gama más amplia de vehículos. Mientras que la versión anterior solo autorizaba a aquellos con distintivo ambiental 0 Emisiones o ECO, la actualización contempla también a aquellos con etiquetas B y C.
Dicho de otra forma, si se aprueba esta nueva versión, la ZBE solo estará restringida, en un principio, a los vehículos más contaminantes, a los de etiqueta A, que son los coches de gasolina matriculados antes de 2001 y a los diésel matriculados antes de 2006, y a aquellos sin etiqueta ambiental, los que no entran en la clasificación por su alta contaminación.
Nuevo calendario. Otra de las novedades introducidas para intentar alcanzar un acuerdo y que la ordenanza salga adelante tiene que ver con el calendario de aplicación de la Zona de Bajas Emisiones. La nueva versión introduce una simplificación significativa respecto a las fechas de restricción de acceso para los vehículos y se establece que el 1 de julio de 2026 comenzará el control de accesos a la ZBE sin restricciones, con el objetivo de informar a los propietarios de los vehículos cuya entrada quedará prohibida más adelante. Sin embargo, no será hasta el 31 de julio de 2027 cuando se impondrá la restricción definitiva para aquellos vehículos que tengan etiqueta ambiental A o carezcan de etiqueta.
Esta simplificación contrasta con la versión anterior, que proponía un calendario más escalonado y restrictivo. En el plan previo, el control de accesos informativos se iniciaba el 1 de enero de 2026, seguido de una restricción el 1 de julio de 2026 para los vehículos sin etiqueta, una ampliación de esta restricción el 1 de enero de 2027 para los vehículos con etiqueta B y, finalmente, una restricción para los vehículos con etiqueta C fijada para el 1 de enero de 2030. Además, se contemplaba que el 1 de enero de 2030 caducarían también varias exenciones que afectarían a vehículos sin etiqueta, B y C.
Accesos temporales. La propuesta que se dictaminará el lunes también introduce novedades en el apartado de accesos temporales permitidos a la Zona de Bajas Emisiones. Así, se amplía a los vehículos que realicen compras o reciban servicios en negocios dentro de la ZBE, siempre que se acredite la transacción correspondiente.
Del mismo modo, se autoriza el acceso temporal a los vehículos que transporten a escolares de educación Infantil y Primaria a centros situados dentro de la ZBE, permitiéndose en dos franjas horarias específicas: de 8 a 9,30 y de 13,30 a 16 horas. Cada familia podrá registrar hasta dos vehículos, aunque solo se permite la entrada de uno por tramo horario y únicamente en días lectivos.
Además, se permitirá el acceso a los vehículos que transporten a personas con afecciones temporales que dificulten su movilidad, previa acreditación de esta circunstancia mediante un justificante médico. Por ejemplo, una persona lesionada que necesite que un familiar le lleve al médico en su vehículo.
Estas actualizaciones buscan ofrecer mayor flexibilidad y atender necesidades específicas de los ciudadanos, y se suman a las que ya se contemplaban anteriormente independientemente de la clasificación ambiental del vehículo, como son el acceso a talleres ubicados en la ZBE para el diagnóstico de averías y comprobación de reparaciones, a aparcamientos privados para la clientela de establecimientos turísticos con autorización correspondiente; aparcamientos abiertos, hospitales, citas médicas, centros de donación y clínicas veterinarias; o a actos en la vía pública autorizados por el órgano competente.
Misma delimitación. En lo que no hay cambios es en el perímetro de la ZBE, que seguirá estando comprendido entre el paseo del Salón y las avenidas de Manuel Rivera, Casado del Alisal, Antigua Florida, Simón Nieto y Castilla, que fue la que definió la anterior corporación de PP y Cs. Dentro viven 15.523 habitantes que realizan una media de 4.923 desplazamientos diarios de entrada o salida a la ZBE.
Aunque sobre la mesa había una petición formal de PP y Vox para reducir su extensión, la alcaldesa, Miriam Andrés, ya informó a los grupos municipales de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico rechazaba este cambio. No, al menos, sin que ello implique una multa para el Ayuntamiento y la devolución de los siete millones de euros que el Consistorio recibió bajo la promesa de implantar una ZBE en la ciudad antes de que termine el presente año. El motivo dado al Consistorio es que no hay ninguna razón «de fuerza mayor» para alterar lo comprometido.
En definitiva, son cambios que buscan un acuerdo con el Partido Popular que permita a la ciudad aprobar una ordenanza dentro del plazo marcado por el Gobierno: el 31 de diciembre.