Ni 24 horas han tardado Partido Popular y Partido Socialista en despejar cualquier duda sobre si el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría deparar una nueva era de entendimiento bipartidista que permitiese abordar con calma y ánimo de consenso retos pendientes que no son menores como, por ejemplo, la financiación autonómica, de vuelta a la palestra tras la «singular» promesa hecha a Cataluña por el presidente Pedro Sánchez.
La sesión de control al Gobierno evidenció ayer que las trincheras en el Congreso de los Diputados no han desaparecido y que, aunque el tono fue más comedido, nadie ha desmovilizado su artillería política. Ni se puede «dar la bienvenida a la gran coalición», como declaró el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ni será «el primer [pacto] de muchos» como deseó -todo hace indicar que en serio- el propio Sánchez. Además de esta certeza, la Cámara Baja dejó ayer otra impresión, la de que el desbloqueo de la renovación del CGPJ tras más de cinco años de espera es más un éxito del jefe de la oposición y del PP, Alberto Núñez Feijóo, que del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A este relato ayudó que el líder de la oposición fuera recibido en el Congreso con una ovación de la bancada popular, pero hay dos evidencias que lo avalan. La primera es que el Partido Popular no tendrá que volver a escuchar más que incumple la Constitución. Pese a que los populares nunca han estado obligados a ceder a las exigencias de Sánchez ni en ninguna parte de la Carta Magna impone un acuerdo entre partidos, el de la «insumisión constitucional» ha sido un mantra muy utilizado contra Feijóo por parte del PSOE y sus socios de Gobierno.
Y la segunda, porque la reforma apunta meridianamente a que «los jueces elegirán a los jueces», que ha sido la exigencia principal de los populares, al menos desde que Feijóo los preside. Es cierto que habrá que esperar a que el propio CGPJ desarrolle y presente su propuesta para reformar el sistema de elección de los miembros y, también, que nunca se puede descartar que Pedro Sánchez cambie de opinión en el camino, pero el presidente del PP se puede apuntar el tanto, como hizo ayer. La otra cara de la moneda del acuerdo, la que dará mecha a quienes quieran recriminar al Partido Popular este acuerdo con el PSOE -es decir, a Vox-, quedó ayer también resuelta por el líder de los populares al espetar al presidente del Ejecutivo que ha sido Bruselas la que «le ha obligado a firmar» porque «era su deber».
Además, acto seguido le exigió el cese del fiscal general del Estado por usar al Constitucional para «exculpar a los condenados socialistas por corrupción» y le insistió en que arrojase luz sobre las investigaciones judiciales de su entorno. Lo dicho, las espadas siguen en todo lo alto.