El Partido Popular de Palencia acordó ayer con las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG, la presentación de una serie de iniciativas en todas las instituciones para frenar la prohibición general del control cinegético. El objetivo pasa por mantener el estatus del lobo al norte del Duero, en la línea de lo solicitado por los populares en las Cortes de Castilla y León el pasado mes de diciembre.

Los participantes en la reunión, en la que estuvo presente la presidenta provincial de los populares, Ángeles Armisén, así como los parlamentarios nacionales y portavoces de Agricultura en el Congreso y en el Senado, Milagros Marcos y Jorge Domingo Martínez, se mostraron sorprendidos por la manera de adoptar la prohibición, a través de, lo que ellos consideran, «criterios exclusivamente ideológicos». 

Y es que el Ministerio de Transición Ecológica había anunciado hace meses su intención de acabar con el control cinegético del lobo, «sin escuchar a los ganaderos ni a las comunidades autónomas con mayor población de esta especie». Por ello, defendieron que «hay que lograr un equilibrio entre dos tipos de conservación: la del lobo y la de la ganadería, puesto que esta última es la principal actividad económica en muchos pueblos, conserva nuestros ecosistemas y fija población en el mundo rural».

Detallaron, asimismo, que el número de lobos «ha crecido en todo el territorio en los últimos censos». Hasta ahora, la diferencia en su tratamiento quedaba marcada por la frontera natural del río Duero, ya que al sur ya estaba prohibido su control cinegético, mientras que, al norte, su control está fuertemente regulado a través de planes de aprovechamiento cinegético.

En términos de ataques a explotaciones ganaderas, pese a que el sur cuenta con pocos lobos, estos son los responsables de más del 80 por ciento de ataques producidos por la especie en todo el territorio. Hay que considerar que «al norte del Duero muchos ataques no se denuncian al no tener reconocido los ganaderos perjudicados indemnización por los daños», añadieron.

pérdidas y ataques. De prosperar la prohibición, la ganadería palentina se enfrenta a una crisis y a un repunte de los ataques de lobo, dado que, en 2020, se registraron un total de 56 en la provincia, apuntaron. Además, en el conjunto de la Comunidad, estos ataques han crecido en más de un 30 por ciento desde el año 2015. 

Este incremento se debe a la situación al sur del Duero, ya que en esa zona han crecido en más del 70 por ciento en el periodo. Una realidad que «podría darse en Palencia de prosperar la prohibición absoluta de la caza», señalaron.

Por ello, el PP y las opas consideraron que actuaciones como esta «no tienen en cuenta al medio rural, ni al papel que desarrolla la ganadería a la hora de fijar población en los pueblos». Aun así, los asistentes al encuentro valoraron positivamente la «batalla legal» anunciada por la Junta de Castilla y León, porque la prohibición «podría invadir competencias de la Comunidad, apostando por la defensa del sector ganadero».

Del mismo modo, tanto la diputada Milagros Marcos como el senador Jorge Martínez anunciarán en las próximas fechas más medidas en apoyo del sector, que se suman a las preguntas ya presentadas por el portavoz de agricultura en el Senado, para que se debatan en las próximas sesiones.

Honorato Meneses: «Con lobos no puede haber ganadería extensiva»

El presidente provincial de Asaja considera la nueva normativa «un ataque al medio rural». «Quieren más a los animales que a los ganaderos», afirma

El presidente de Asaja Palencia, Honorato Meneses, reprochó al Gobierno que ha redactado la ley que prohibe la caza del lobo a espaldas de las organizaciones agrarias. «Con lobos no puede haber ganadería en extensivo», afirmó, a la par que calificó la nueva norma como «un ataque al medio rural» y dijo que el Gobierno de coalición PSOE-Podemos «quiere más a los animales que a los ganaderos».

En cuanto a los ataques de lobo, afirmó que en la provincia se produce una media de uno cada cinco días, hasta un total de 75 anuales. Un problema de fondo, pues al ataque en sí se suman otros daños colaterales como el estrés de la cabaña, provocando abortos y que dejen de dar leche. Ataques por el que los ganaderos cobran, en el mejor de los casos, hasta 1.100 euros por un ternero, «mucho menos que su precio en el mercado», alertó.

A su vez, cifró en 2,5 millones de euros las pérdidas de la nueva PAC en la provincia y destacó que el cierre del sector Horeca ha afectado de lleno al campo. Por todas estas cuestiones, Asaja anunció próximas movilizaciones en cuanto la situación sanitaria lo permita «por unos precios dignos y el reconocimiento del sector».

Los colectivos naturalistas insisten en la base científica de la norma
ANPA afirma que el problema no son los ataques, sino los bajos precios y la zoonosis 
La Asociación de Naturalistas Palentinos (ANPA) defendió ayer que la nueva normativa que regula el control cinegético del lobo en zonas donde hasta ahora sí se podía cazar, como al norte del Duero (donde se incluye Palencia), no es ningún capricho del Ejecutivo central, sino que se basa estrictamente en criterios científicos elaborados por un grupo de expertos. «El lobo tenía que estar dentro del catálogo de especies amenazadas desde hace tiempo, y por fin lo ha conseguido», afirmó Fernando Jubete.

Por otro lado, el naturalista detalló que «no hay grandes diferencias» en el número de daños registrados en las comarcas loberas de las que no lo son. «El problema de la cabaña ganadera no es el lobo, es la zoonosis, el bajo precio de la carne y otros productos y las exportaciones», destacó. «Hay que conseguir que se les pague un precio justo», insistió. 

Por otro lado, precisó que «no se puede caer en el alarmismo» en todo lo relacionado con este cánido salvaje, al que, denunció, se ha estigmatizado en los últimos años. Como ejemplo que la convivencia entre las explotaciones ganaderas y las manadas es posible, citó la comarca de Tierra de Campos, donde, según Juebete, «hay una población estable de lobos y ni un solo daño».

Por otro lado, Alberto Fuentes, de Ecologistas en Acción (EeA), alertó de que los argumentos de las opas y partidos políticos como el PP «están cogidos con pinzas». Al respecto, alertó de que el sector cinegético «es un granero de votos para determinados partidos, que con esta polémica solo están buscando un rédito político en las urnas».

Asimismo, aseguró que «algo estará haciendo mal la administración» cuando, según los datos oficiales, el número de ataques aumenta a pesar de los controles a los que se ve sometida la especie. 
Finalmente detalló que España forma parte de la Unión Europea con todas sus ventajas y posibles inconvenientes: «No solo somos europeos para recibir ayudas, también a la hora de proteger determinadas especies».