La alcaldesa, Miriam Andrés, comunicó ayer al resto de grupos municipales la respuesta obtenida del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la consulta de si es posible reducir el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones que el anterior equipo de Gobierno de PP y Cs definió a la hora de solicitar ayudas europeas: «No».
No, al menos, sin que ello implique una multa para el Ayuntamiento y la devolución de los 7 millones de euros que el Consistorio recibió bajo la promesa de implantar una ZBE en la ciudad antes de que termine el presente año. El Consistorio recibió en 2021 3,5 millones de euros que sirvieron para financiar la conexión del parque de los Jardinillos con la calle Mayor (1,5 millones, a los que finalmente se renunció), la elevación de la calzada en las calles Higinio Aparicio, Eduardo Dato y Antonio Maura (150.000 euros); la mejora de la accesibilidad en 112 paradas de autobús (600.000 euros) y la implantación de nueva iluminación y sistemas de seguridad en 25 pasos peatonales (768.000 euros).
Y, bajo ese mismo compromiso, la anterior corporación solicitó al Gobierno, a finales del año pasado, financiación europea para proyectos por valor de 3.988.623 euros. En concreto: un sistema de control de accesos, señalización y gestión de la zona de bajas emisiones (1.724.931 euros); semipeatonalizar las calles Burgos, Don Sancho, La Cestilla, Menéndez Pelayo, Antonio Maura e Isabel la Católica (1.110.000 euros); la reurbanización de Mayor Antigua y la plaza de Cervantes (549.000 euros); y extender la red de aparcamientos seguros de bicicletas (614.431 euros).
Todas las ayudas que hicieron posible estas actuaciones, y no solo la del sistema de control de accesos, señalización y gestión como esperaba la primera edil a principios de semana, deberán devolverse si se altera la delimitación diseñada por la anterior corporación, constituida por el paseo del Salón y las avenidas de Castilla, Simón Nieto, Antigua Florida, Casado del Alisal y Manuel Rivera, como exigen el Partido Popular y Vox, y como se llegó a plantear a principios de esta semana el propio equipo de Gobierno.
El motivo dado por el Consistorio es que no hay ninguna razón «de fuerza mayor» para alterar lo comprometido. Así que, con esta información, el próximo lunes los grupos municipales deberán dictaminar la ordenanza que regulará la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad. Un voto que avanzará lo que ocurrirá en el pleno previsto también para la próxima semana y en el que, tal y como anunció Miriam Andrés, los concejales votarán de forma nominal, ya que el equipo de Gobierno del PSOE está dispuesto a reclamar la responsabilidad patrimonial de los ediles si la ordenanza no sale adelante y el Gobierno multa a la ciudad.
IU-P respalda la ordenanza. Por ahora, el único apoyo público con el que cuenta el equipo de Gobierno es el de Izquierda Unida-Podemos, que ayer manifestó su voto favorable a la aprobación de la ordenanza reguladora de la ZBE, destacando su compromiso con la lucha contra el cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones contaminantes. Rodrigo San Martín, portavoz del grupo, califica de «irresponsable» la postura de quienes se oponen, criticando especialmente al Partido Popular por su aparente contradicción al rechazar su propio proyecto y crear «caos político». También acusa a Vox de «negacionismo climático» y cuestiona a Vamos Palencia sobre su posible alineación con la derecha.
Aunque considera la propuesta «poco ambiciosa» y pide medidas complementarias, como un mejor transporte público y campañas de concienciación, IU-Podemos votará a favor por «responsabilidad» y por el «impacto positivo» que la medida tendrá en la ciudad. San Martín afirma que seguirán trabajando para mejorar la ordenanza en el futuro.