El ambiente en este país se enrarece por momentos y lo hace en la práctica totalidad de estamentos y ámbitos, aunque sea el judicial el que se lleva la palma en estos momentos. En un Estado de Derecho, los jueces y fiscales deberían ocupar su espacio propio y específico y no llenar más titulares de los estrictamente necesarios y, desde luego, nunca los relacionados con la imposibilidad de que un acuerdo político impida la renovación del CGPJ desde hace un lustro o con la preocupación por no sentirse respetados y ver que peligra su independencia. Y, sin embargo, es lo que está pasando en España, además de la crispación, los temores y las suspicacias que ha despertado la ley de amnistía que el Gobierno negocia con los separatistas catalanes de Junts y ERC. 

 Es lógico y comprensible que el judicial, uno de los tres poderes que sustentan nuestro Estado de Derecho, se subleve contra quienes parecen dispuestos a cuestionar sus actuaciones cuando estas no les gustan. Eso cuestiona sus funciones y, por supuesto, su independencia. Por eso ayer mismo el CGPJ -en funciones- reiteraba su rechazo a las comisiones de investigación del 'lawfare' relativas al caso Pegasus, la 'operación Cataluña' o los atentados yihadistas de Barcelona, en tanto en cuento las considera una injerencia «inadmisible» que socava su independencia y su capacidad de dirimir cuestiones que le corresponden. Y anunciaba que se mantendrá «vigilante» en defensa de la independencia que ha de caracterizar al poder judicial. El ciudadano medio sabe que un juez debe desempeñar su labor sin otras cortapisas que las de la ley y sin presiones del ejecutivo y el legislativo, que están ahí para otras cosas. 

Si un país no mantiene el equilibrio entre los tres poderes es que no funciona como debería hacerlo. El ejecutivo gobierna, el legislativo debate y aprueba las normas y el judicial las aplica en su ámbito de actuación. Así son o deben ser las cosas. Cuando uno trata de socavar o reducir el espacio de alguno de los otros dos, lo único que consigue es la confrontación y, a la postre, la inseguridad, por no hablar de situarse en el foco mediático y de perder fuerza, influencia y peso específicos en las instituciones europeas de las que España forma parte. Si al menos los dos grandes partidos fueran capaces de pactar la imprescindible renovación del Consejo General del Poder Judicial, estaríamos en el buen camino de recuperar cierta normalidad institucional, pero el Gobierno socialista rechaza la última oferta del Partido Popular. Proponen los de Feijóo pactar a la vez esa renovación y el cambio de sistema para la elección de los vocales, pero el PSOE insiste en renovar con la actual ley y después estudiar el posible el cambio. Desde luego, los palos en la rueda no ayudan al correcto funcionamiento del Estado.