La obsesión por poner medallas impide valorar como se Es la gran noticia en rece el acuerdo alcanzado el pasado martes por gobierno y PP, por Félix Bolaños y Esteban González Pons. Un acuerdo de Estado como aquellos, muchos, a los que se llegó en aquel periodo al que se llamó Transición. Ejemplo de diálogo, consenso y generosidad de dirigentes políticos, sindicales, empresariales e intelectuales de muy distinta trayectoria e ideología a los que solo unía la lealtad a España y a los españoles. Ciudadanos necesitados de se les transmitirá confianza en el futuro después de 40 años de dictadura.
El empeño de algunos miembros del PP y del PSOE y de sus respectivos satélites, incluidos socios, periodistas y destacados personajes que pocas veces por convicción y muchas por conveniencia, se han apresurado a repartir esas medallas que en este caso no son lo más importante del acuerdo que desbloquea cinco años largos de polémica sobre el Consejo General del Poder Judicial y las consecuencias nefastas de ese bloqueo. Lo relevante es la firma. Sí, la firma del acuerdo, en una España falta de buenas noticias y sobrada de filias y fobias, descalificaciones personales y gritos impropios de unos políticos que deben respeto a los ciudadanos. Políticos deslenguados que han convertido la España actual en el peor patio de vecindad en el que la mala educación saca a la luz lo peor de cada casa.
En el acuerdo sobre la renovación del CGPJ no hay vencedores ni vencidos, sino dos partidos que por una vez han decidido entenderse y cumplir con su obligación. Amparados por unas autoridades europeas que han jugado un papel fundamental en trabajar junto a Bolaños y Pons.
Se han tomado decisiones indispensables, entre ellos una proposición de ley que debe presentarse antes de seis meses, y que busca despolitizar el CGP; compromiso firme de anular las autopistas por las que circulan personajes del gobierno hacia las instituciones judiciales y viceversa. Gobierno y PP han elegido 20 miembros del Consejo que, según los profesionales, cuentan con biografía solventes; varios cercanos al PP y otros tantos al PSOE, pero existe coincidencia en que no son fanáticos y resuelven los asuntos con la objetividad a la que están obligados.
Quedan ahora docenas de cargos por nombrar en las altas instancias judiciales que darán un empujón a la administración de Justicia, parcialmente bloqueada por el bloqueo del Consejo. Se ha acordado estudiar la elección del Fiscal General del Estado, un asunto espinoso al que ningún gobierno quiere renunciar. No pequemos de optimismo, pero se va en la buena dirección. O al menos se han dado pasos en la buena dirección.
Hagamos un esfuerzo para no estropear un acuerdo poniendo etiquetas de vencedores y vencidos. No los hay, no los debe haber. Todos, no solo los firmantes, ganamos con este acuerdo si todas las partes implicadas cumplen con el compromiso al que han llegado. Si no lo hacen, merecen el castigo de las urnas.