El portavoz de agricultura de la Comisión Europea, el sueco Olof Gill, recibe a Ical en los días previos a la Navidad. Recuerda que dentro de la obligación más amplia, los Estados miembros tienen la «facultad discrecional de decidir cómo debe asignarse la ayuda a la renta a los distintos sectores y sistemas agronómicos». Aprovecha la oportunidad para sostener que las medidas que adoptó la Junta de Castilla y León «no se ajustan a una serie de disposiciones de la UE relativas a la tuberculosis bovina».

En esta PAC, el 40% de los fondos estarán vinculados a la lucha contra el cambio climático y objetivos medioambientales, ¿coincide con esta percepción?

El reto actual para la Unión Europea, así como para nuestro planeta, es garantizar que la agricultura de la UE se convierta en un modelo de sostenibilidad, no solo desde el punto de vista medioambiental y climático, sino también desde una perspectiva social y económica. En este sentido, mediante los pagos directos, la PAC garantiza que los agricultores puedan contar con unos ingresos más estables, capeando el impacto de la fluctuación de los precios y la demanda, y salvaguardando así la seguridad alimentaria de la UE. Del mismo modo, al destinar los fondos de la PAC a planes ecológicos, el dinero de los contribuyentes ayuda a los agricultores en la transición hacia prácticas que reduzcan el impacto medioambiental y climático de las actividades agrarias. En última instancia, esto beneficia no sólo a los agricultores, sino a la sociedad en su conjunto. Cada año vemos cómo aumentan las repercusiones de los fenómenos climáticos en los agricultores y las comunidades rurales, como las terribles inundaciones e incendios forestales de este año. 

Entre las críticas del sector están el barbecho obligatorio del 4% y la rotación de cultivos, en un contexto de crisis alimentaria con la guerra de Ucrania, ¿existe la posibilidad de prorrogar su derogación?

Se ha cuestionado especialmente para 2024, pero no debemos olvidar que se introdujo a partir de 2023 como herramienta clave para mejorar la forma en que la PAC aborda la cuestión del declive de la biodiversidad, más concretamente garantizando la presencia en las zonas no productivas de las tierras de cultivo. La necesidad de actuar en este ámbito no ha cambiado. Al contrario, acaba de ser confirmada por el Parlamento Europeo y el Consejo al alcanzar un compromiso para la ley de restauración de la naturaleza, que destaca la importancia de crear y mantener elementos paisajísticos de gran diversidad.

El reto de la convergencia de ayudas en las regiones agronómicas y la vinculación de las ayudas a la superficie puede perjudicar sobre todo a las pequeñas explotaciones. ¿Qué se puede hacer al respecto? 

En efecto, los Estados miembros tienen la obligación legal de aplicar la convergencia interna para seguir alejándose progresivamente de los valores históricos, de conformidad con el artículo 24, apartado 4, del Reglamento 2021/2115. El objetivo es que la PAC sea más justa y aporte un mayor valor añadido a los ciudadanos de la UE. No obstante, dentro de esta obligación más amplia, los Estados miembros tienen la facultad discrecional de decidir cómo debe asignarse la ayuda a la renta a los distintos sectores y sistemas agronómicos. Por ejemplo, los Estados miembros pueden decidir aplicar la ayuda básica a la renta por grupos de territorios agronómicos que tengan en cuenta las especificidades de determinados sistemas. Este es el caso de España, que diferencia los pastizales, los cultivos permanentes y las tierras de labor, así como el tamaño de las explotaciones, para definir los grupos de territorios. Como resultado de tales decisiones, la convergencia interna pretende garantizar el mismo nivel de ayuda por hectárea entre las explotaciones pertenecientes al mismo grupo agronómico. 

La definición de agricultor a título principal es otra exigencia del sector. ¿Sigue siendo un reto que las ayudas vayan a los auténticos profesionales del sector?

La definición de agricultor activo en el plan español se basa en varios criterios, como estar la Seguridad Social Agraria o superar la prueba de la renta, es decir, que al menos el 25 por ciento de los ingresos procedan de actividades agrarias. Además, España define al agricultor activo como el 'titular' de la explotación agraria, de la que asume el riesgo de gestión. En otras palabras, se trata de un profesional real del sector, en el sentido de que el agricultor es un 'empresario' y no un simple 'trabajador'. La PAC actual establece a escala de la UE la definición marco de 'agricultor activo' que presenta los elementos esenciales (dedicarse al menos a una actividad agraria mínima). Sin embargo, debido a la heterogeneidad de las estructuras agrarias en la UE, corresponde a cada Estado miembro decidir, basándose en condiciones objetivas, qué agricultores se consideran agricultores activos. 

En Castilla y León se ha debatido sobre la flexibilización de los controles de la tuberculosis bovina, ¿es una línea roja?¿se pueden suspender ayudas o plantear la devolución de las mismas?

La tuberculosis bovina es una enfermedad bacteriana crónica de los animales, que puede transmitirse a los seres humanos. Por lo tanto, la vigilancia estricta y las medidas para prevenir la propagación de la enfermedad son de gran importancia. La Comisión, en estrecha coordinación con los Estados miembros, está haciendo todo lo posible para erradicar esta enfermedad. Las medidas adoptadas por Castilla y León no se ajustan a una serie de disposiciones de la UE relativas a la tuberculosis bovina. La Comisión está en contacto a diversos niveles con las autoridades españolas para garantizar que se toman las medidas adecuadas con el fin de proteger la salud pública y la sanidad animal en la UE.