La Fiscalía Anticorrupción advierte al juez que investiga a la empresaria y examiga del rey emérito Corinna Larsen en la pieza Carol de la macrocausa Tándem que puede seguir indagando sobre un posible encargo que ésta realizó al comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo, si bien debe abstenerse, por falta de competencia, de cualquier asunto que pueda afectar a Juan Carlos I.

Así lo señala el informe que ya tiene sobre la mesa el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, que concluye que no existe conexidad entre el encargo -relativo a una asistente de la empresaria que estaría filtrando datos sobre su vida a los servicios secretos españoles-- y los hechos que concluyeron con el archivo inicial de la pieza en septiembre de 2018.

Cuando se iniciaron las pequisas, Carol versaba sobre los supuestos encargos que Corinna habría hecho a Villarejo, revelados por las conversaciones que mantuvo éste con la empresaria alemana y que grababa. En una de ellas, ocurrida en Londres en 2015 y en la que también estaba presente el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga, Corinna relataba los supuestos negocios opacos del Rey Juan Carlos en los que, según afirmaba, fue utilizada como testaferro.

Cohecho internacional, con querella 

El informe firmado ahora por los fiscales del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, agrega que la Audiencia Nacional sólo sería competente para el conocimiento de un presunto delito de cohecho internacional (relacionado con el papel de Larsen como testaferro) previa interposición de querella por estos hechos, lo que no se da en este caso.

Por otro lado, el juez García-Castellón "carece de competencia para la instrucción de las acciones penales dirigidas contra el Rey que hubiera abdicado", ya que dicho asunto le correspondería al Tribunal Supremo por la condición de aforado del exmonarca.

Así, la Fiscalía apunta en su escrito los asuntos que deben seguir fuera de la investigación de García-Castellón: la compra de un terreno en Marrakech (Marruecos) y el pago de unas comisiones y a cuentas bancarias de las que el rey emérito sería titular real en Suiza, bien bajo nombres supuestos, bien bajo titularidad formal de Álvaro de Orleans.

Para los fiscales, las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones "sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias y, en su caso, pudieran derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delito fiscal".

A ello se suma el tema del pago de comisiones por empresas españolas por el AVE a la Meca, "en la medida en que las referencias eran más concretas, con identificación del contrato, de personas y de importes de las posibles comisiones", razón por la cual Anticorrupción comenzó a investigar inicialmente los hechos.

Debilidad inicial de indicios contra el Rey  

No obstante, la intervención de Juan Carlos I en todos ellos eran "extraordinariamente débiles", pues se trataba de la referencia que hacía una persona que no aparecía directa ni indirectamente implicada en los pagos y no manifestaba razón de su conocimiento; a lo que había que sumar la inviolabilidad que se le reconocía entonces al hoy emérito como jefe del Estado.

Los posibles delitos, que en todo caso podrían ser calificados de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, exigen la interposición de querella por parte de la Fiscalía para poder ser investigados en España. En la valoración de este asunto se encuentra ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Carol -por el nombre que utilizaba Villarejo para referirse a la empresaria alemana-- fue archivada provisionalmente el 7 de septiembre de 2018 por el anterior instructor de la macrocausa, Diego de Egea, quien no veía indicios para continuar investigando ni al comisario jubilado ni a su socio y aseguraba que no había "datos" ni "documentaciones" que prueben las afirmaciones que hizo la empresaria alemana sobre el Rey emérito sobre supuesto cobro de comisiones.

Dudas sobre la conexidad 

En el auto del pasado julio, García Castellón explicaba que después del sobreseimiento provisional, el juzgado ha recibido diversos oficios policiales en los que se ha analizado el material intervenido en los domicilios de los investigados en esta pieza y la solicitud de cooperación judicial remitida por la Fiscalía suiza en relación con estos hechos, por los que el Ministerio Público de aquel país interesaba la colaboración de la Audiencia Nacional por la conexión entre ambas investigaciones.

La Fiscalía le responde que sólo es competente para analizar uno de los encargos, referido a la asistente de Larsen.

García Castellón ha citado a la empresaria alemana el próximo día 28 en la embajada española en Londres -aún está pendiente saber si se trasladará a Reino Unido u optará por la videoconferencia- y en dicha comparecencia debería centrarse, a criterio de la Fiscalía en comprobar el encargo sobre su confidente.

En relación con este encargo el magistrado ha imputado también al que fuera socio de Villarejo en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo, y al expresidente de Telefónica Juan Villalonga. A ambos, junto con Villarejo, les ha citado tras el interrogatorio a Larsen.