Las agresiones contra los agentes de las fuerzas de seguridad han aumentado en los últimos años, en concreto un 8,14 por ciento en 2022 respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar las 16.651, una cifra que podría superarse este año porque solo en sus ocho primeros meses ya se han contabilizado 11.302 en España. Así se desprende de los datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria a las diputadas del Partido Popular, Isabel María Borrego y Ana Belén Vázquez.
En lo que a Palencia concretamente se refiere, teniendo en cuenta que tanto la capital como la provincia están consideradas como «seguras y tranquilas», los datos son preocupantes tenor de las cifras recogidas y facilitadas a través del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior que también está interconectado con Justicia.
Así las cosas, el número de agresiones que se registraron en Palencia durante 2022 y que tuvieron como víctimas a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil asciende a 81, el doble de las que se registraron en 2021, cuando se totalizaron 42, una cifra ya muy alta teniendo en cuenta que en 2020 el número de atentados a los agentes de la autoridad sumaron 29.
Asimismo, el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior recoge también que en los primeros ocho meses de este año en Palencia ya se han registrado un total de 43 agresiones.
Teniendo en cuenta estos datos proporcionados, los guardias civiles y policías nacionales reclaman el endurecimiento de las penas a los agresores de agentes de la autoridad y el aumento de material necesario de defensa y protección ajustado a la situación actual.
Asociaciones de ambos Cuerpos como la AUGC y el SUP mantienen que los guardias civiles y policías continúan esperando el día en que se igualen sus condiciones socio-laborales a las del resto de cuerpos policiales, con una jubilación digna y el pleno cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial, la reclasificación al grupo B, una cadencia fija de turnos de servicio que permita la conciliación laboral y familiar, medios profesionales para ejercer su labor policial con garantías, como chalecos antibalas individuales y pistolas Taser o un reparto equitativo y justo de la productividad con la implantación de servicios extraordinarios «retribuidos dignamente».
«Desde AUGC y SUP, llevamos años reclamando que se endurezcan las penas y se recupere el principio de autoridad con urgencia para acabar con este lastre de las agresiones contra la autoridad, así como mayor protección jurídica, aumentar penas de atentado contra fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y más medios», indican públicamente.
«No podemos dejar que cada año las cifras vayan en aumento con respecto al año anterior. Durante el año 2022 las agresiones aumentaron considerablemente con respecto al 2021. Sobre todo, las agresiones físicas sin armas, según las estadísticas que aporta el Ministerio del Interior cada año. Para poder desempeñar las funciones con mayores garantías y los menores riesgos posibles no sólo son necesarias unas penas más graves y mayor protección jurídica, sino voluntad política para acabar con la discriminación de ser los únicos operadores de seguridad que no tienen acceso a la jubilación anticipada, que se ven abocados a estar en servicio en una profesión que el Gobierno se niega a reconocer como profesión de riesgo», añaden.