El acceso a la vivienda es un «problema» y «todas las administraciones tenemos la obligación de colaborar, se sumar esfuerzos, encaminado a buscar unas soluciones», afirmó la senadora socialista por Palencia, Rosa Aldea, que recordó que las «competencias exclusivas» las tienen las comunidades autónomas», para incidir en el «claro» compromiso del Gobierno de España: «aprueba leyes y multiplica por ocho el presupuesto destinado a vivienda». Un compromiso, afirmó, que  «debe ser correspondido por el resto de administraciones y por el sector privado». «Hay, hay financiación  y hay ayudas para acometer la construcción de viviendas, es decir, no hay excusas posible», aseveró. Unas palabras que enmarcaron las de Cristina Párbole, portavoz de grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

Así, esta se refirió a los casi dos millones de euros del presupuesto para la adquisición de suelo, una partida que «no se va a llevar a cabo» , por lo que solicitó propuestas «realistas» en tema de vivienda. «El problema no es algo nuevo; es un municipio con puestos de trabajo, que requiere de una política municipal de vivienda», dijo, y añadió que la alcaidesa, María José Ortega, so da soluciones y la conminó a que salga de la «inacción en la que lleva metida  durante más de veinte años».   

Según expuso el procurador Jesús Guerrero, con los datos que la propia consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio dioo en respuesta a la pregunta realizada en las Cortes sobre cuántas solicitudes de vivienda pública se han hecho por parte de los ayuntamientos de la provincia de Palencia de más de 2.000 habitantes en los últimos 25 años,  «desde el año 2005 en el que el entonces alcalde socialistas Javier salido, no se ha vuelto a hacer ninguna más por parte del consistorio aguilarense», mientras que, el resto de ayuntamientos sí lo han hecho. Por ello, han ofrecido su colaboración para tratar de dar solución al que, ahora mismo, es uno de los principales problemas que hay en el municipio. Desde el PSOE han recordado que las competencias en materia de viviendo son exclusivas de las comunidades autónomas, es decir, en nuestro caso de la Junta de Castilla y León y que, a pesar de ello han recibido por parte del estado 104 millones de euros frente a los apenas 24 millones aportados por el gobierno regional.