El Ministerio Fiscal ha solicitado para un asesor fiscal, A.L.A., y su socia en la empresa, M.C.G.G., una pena provisional para cada uno de ellos de cuatro años de prisión, así como una multa de 4.320 euros, como presuntos autores de un delito continuado de estafa después de consignar en alguna de las diez cuentas que en las figuran como titulares, apoderados o autorizados las cantidades que debían ser devueltas a los clientes a quienes realizaban las correspondientes declaraciones de la renta.

En el escrito provisional de acusación realizado por el Ministerio Público y al que ha tenido acceso Diario Palentino, el número de perjudicados presentes en la causa asciende a 67, que reclaman como perjudicados una cantidad global de 176.052,63 euros. A modo de curiosidad, la cantidad más pequeña pedida asciende a los 50 euros y la mayor a los 30.000.

El fiscal pormenoriza en sus 26 folios de escrito de acusación que Larriba Economista SL  es una empresa del sector de la consultoría empresarial en la que figura como socio y administrador único el acusado A.L.A. desde su creación el 18 de abril de 2018 y como socia y apoderada M.C.G.G desde el 18 de febrero de 2019.

Siempre según la versión de la Fiscalía, el acusado ejercía, desde hacía más de veinte años, como asesor fiscal actuando en el marco de la citada asesoría con sede en Palencia dedicada dentro de su actividad profesional, a la presentación de las declaraciones de IRPF de sus clientes.

Cuando dichas declaraciones eran de carácter devolutivo, los acusados «sin autorización de sus clientes y movidos por la intención de obtener un beneficio económico ilícito» supuestamente consignaban como cuenta bancaria beneficiaria de la cantidad de dinero a devolver por la Agencia Tributaria a una de las diez cuentas en las que ambos procesados figuraban como titulares, apoderados o autorizados, bien a nivel individual o conjuntamente. Las declaraciones correspondían en algunos de los casos a los ejercicios de 2017, los de 2018 y también al ejercicio de 2019.

Posteriormente, la Fiscalía pormenoriza uno a uno cada caso de los 67 clientes que se han personado en esta causa en calidad de perjudicados y que, por ende, solicitan una indemnización que alcanza una cantidad global de 176.052,63 euros en concepto de responsabilidad civil.