Bajo el lema Basta ya, dejadnos trabajar, en torno a un centenar de profesionales de la veterinaria, acompañados en algún caso de mascotas, se concentró ayer por espacio de dos horas a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, al igual que lo hicieron otros compañeros en el resto del país para exponer el malestar causado por el Real Decreto 666/20023 y otras normativas que afectan al uso de los medicamentos. Tras entrar en vigor el 2 de enero abogan por una moratoria en su aplicación, que se respete su criterio clínico y la posibilidad de seguir dispensando medicinas a pequeña escala sin limitar esta competencia a las farmacias.

«Lo que ha colmado el vaso ha sido la imposición de un sistema electrónico que da problemas para subir las recetas que ponemos junto a una cadena de uso de los antibióticos y, lo que más nos ha molestado, es que ignoren nuestro criterio clínico. Es decir, nuestra experiencia y saber hacer basado en la evidencia, limitando  la forma de tratar a nuestros  animales en base a unas indicaciones en prospectos que están obsoletos. Al suministrar este tipo de fármacos nos vemos cohibidos a la hora de prescribir ya que, muchas veces, las farmacias no están preparadas para hacerlo en las dosis necesarias y se perjudica económicamente al dueño de animales enfermos, a la vez que de produce un desperdicio de  antibióticos», explicó  José Miguel Gallo, vicepresidente del Colegio de Veterinarios. 

 Con los últimos datos de animales censados hay en Palencia 35.000, perros y 2.800 gatos. Veterinarios clínicos de pequeños animales son 52 y que se dediquen a grandes animales, sin ser de producción, alrededor de unos 20, junto a los que trabajan para la Administración  pública. 

«La carga burocrática es tremenda y no se nos dejan aplicar nuestros conocimientos como clínicos.  Tenemos seminarios, congresos y una formación continua dentro de la profesión, con lo cual  no nos pueden encorsetar en unas medidas que están obsoletas  basándose en las indicaciones de los prospectos de los fármacos y muchas veces en intereses comerciales. Lamentamos que para unas cosas nos consideran sanitarios y para otras no, por lo que nos sentimos ninguneados», arguyó José Miguel Gallo