Diez mujeres nepalíes de entre 24 y 38 años de edad que eran obligadas a trabajar en condiciones de semiesclavitud en la localidad de Candeleda, en una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos y alimentos envasados, han sido liberadas en una operación llevada a cabo por la Guardia Civil en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En la operación, culminada el pasado 2 de octubre, la Guardia Civil procedió a la detención de tres personas, los dos máximos responsables de la empresa implicada y un miembro de la organización que introdujo ilegalmente a las mujeres nepalíes en España, y aunque se considera que esta red de trata de seres humanos con fines de explotación laboral ha quedado desmantelada la labor de investigación continúa abierta, con la esperanza de poder llegar en unos meses "a lo más alto de la organización".

Dentro del plan de inspecciones que llevan a cabo de forma regular la Guardia Civil y la Inspección de trabajo, fruto de un convenio de colaboración firmado hace algo más de un año, se tuvieron sospechas de que en una empresa ubicada en la localidad de Candeleda se podrían estar cometiendo actividades ilícitas relacionadas con la explotación laboral.

La Guardia Civil localizó en ese trabajo de investigación, en una nave anexa a la empresa, a diez mujeres de nacionalidad nepalí que vivían en unas condiciones de habitabilidad e higiene "sumamente deficientes", en un espacio que carecía de calefacción, con varias ventanas sin cristales, una cocina sucia y un único baño, que además vivían "en un régimen de semiesclavitud, privadas de su documentación, sin acceso a dinero" y vigiladas constantemente.

Las mujeres fueron de inmediato liberadas, haciéndose cargo de ellas organizaciones de defensa de los derechos humanos especializadas en la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

La Guardia Civil también verificó que las mujeres habían llegado a España este verano, a través de una trama dedicada a la trata de seres humanos, y que los presuntos autores del delito eran tres personas: uno de los miembros de la red, que se encargaba de su vigilancia y control, y dos responsables de la empresa de alimentación en la que trabajaban.

La operación, que sigue abierta, ha sido desarrollada por el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, con el apoyo de unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro, además de con la colaboración de diferentes organizaciones.