El V Congreso de la Sociedad Norte de Contracepción (SNC), que ayer reunió a unos 150 ginecólogos, médicos de Atención Primaria, enfermeras y matronas de Castilla y León, Asturias y Cantabria en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Caupa, en torno a la salud sexual y reproductiva y anticoncepción en personas con obesidad, discapacidad y diferentes capacidades, así como acerca de la transexualidad e impacto de los cánceres ginecológicos en la mujer.
Puso también de manifiesto que «la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que regula qué se puede hacer y qué no y en qué centros; y la Ley de Reproducción Humana limitan nuestro trabajo diario; y el último cambio, respecto a las personas transexuales», remarcó la presidenta de la Sociedad Norte de Contracepción, María Guerrero.
Esta también se refirió a que la salud sexual y reproductiva en España presenta desigualdades según el territorio en el que se resida, con prestaciones y coberturas sanitaria en anticoncepción y salud sexual que varían significativamente de una comunidad autónoma a otra.
«Los derechos sexuales y reproductivos se consideran derechos humanos, tal como reconoce la ONU o la Unión Europea, y todos debemos velar por ellos, especialmente aquellas sociedades comprometidas con el respeto a la mujer. La salud sexual es un aspecto fundamental para el desarrollo de las personas con independencia de las relaciones que tengamos, es decir, a nivel individual, con parejas únicas o con parejas variables», aseveró María Guerrero.
Además, se habló de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que en el Caupa no se practica y las mujeres son derivadas a Madrid. «La salud pública no la podemos gestionar los propios profesionales sanitarios, sino que son las Consejerías y direcciones de los hospitales los que regulan las derivaciones asistenciales», señaló Guerrero. Por su parte, la presidenta del congreso y que pertenece al servicio de Ginecología del Caupa, Ana Álvarez, explicó que de los 16 profesionales en plantilla, once están en activo y entre ellos se encuetran objetores de conciencia.
ive. Al respecto, consultado el último informe sobre la evolución de las IVE, publicado por la Consejería de Sanidad en octubre del pasado año con datos correspondientes a 2023, y en el que señala que los centros autorizados en Castilla y León se encuentran en Burgos, León, Salamanca y Valladolid, fueron en 170 mujeres residentes en Palencia, la misma cifra que en 2022, en 83 casos con financiación pública. En 2021 fueron 165; en 2020, 153; en 2019, 177; en 2018, 183.
El pasado año, el mayor número de IVE se observó en las provincias de Valladolid, León, Burgos y Salamanca, que conjuntamente suponen casi un 70% del total. El resto de provincias se sitúan en un intervalo del 5,20% al 6,75%, con Soria que presenta menor número de casos, seguida de Palencia.