Se reanuda el curso político y a los tres días va a tener lugar un examen parcial de los que cuentan mucho para la nota final del año. En la votación de los tres decretos-ley sobre las medidas anticrisis, la digitalización de la justicia y el seguro de desempleo el Gobierno se juega recibir un suspenso clamoroso o tiene la posibilidad de obtener un notable que le allane el camino del resto de la legislatura. De cómo haga los deberes y lleve a cabo las negociaciones hasta el último minuto será la nota.
Que el Partido Popular se niegue a ayudar al Gobierno a convalidar las tres normas, como ha anunciado su líder, Alberto Núñez Feijóo, que afirma que no está dispuesto a sacar a Pedro Sánchez de su "desgobierno", si ni tan siquiera logra el apoyo de sus socios de investidura, tiene su lógica si antes no pacta con ellos sus propuestas. La eficacia de esas medidas, que supongan alguna contradicción con las exigencias de control de las finanzas de la Comisión Europea, o que se pongan en riesgo porque decaigan aquellas que son un alivio para las familias y las personas más desfavorecidas, eso parece ser una cuestión menor para el PP, para quien lo mejor no es enemigo de lo bueno. De forma más pedestre lo ha dicho la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "al enemigo ni agua", en la línea de conseguir que la legislatura tenga la menor duración posible y que los enfrentamientos entre los socios acaben demostrando la inoperancia del Ejecutivo. Pero si Pedro Sánchez logra convalidar los decretos-ley el PP tendrá que explicar por qué por su interés partidista es capaz de poner en riesgo medidas que benefician a los ciudadanos, o que España reciba otros diez mil millones de euros de la Unión Europea.
Que Junts rompa a la primera de cambio la cierta disciplina de voto adquirida con la investidura de Sánchez tiene su razón de ser por dos motivos: porque ven que puede suponer un riesgo para la aplicación de la ley de amnistía, que es lo único que realmente interesa a sus líderes, para que Carles Puigdemont vuelva a Cataluña y a la política nacional, más todavía; y porque, lo han dicho reiteradas veces, la gobernación de España les importa una higa, que si ahora pueden sacar importantes réditos de sus siete votos en el Congreso, tampoco le harían ascos a un "cuanto peor, mejor", con un gobierno de distinto signo, y quien sabe si no pactarían con él por proximidad ideológica. En cualquier caso el territorio y los intereses particulares los sitúan siempre por delante de las necesidades de la ciudadanía. La suya y la de todos.
Podemos también marca territorio y no está dispuesto a aprobar el decreto-ley que aborda la modificación del subsidio de desempleo tras la negociación que quedó en tablas entre Economía y Trabajo, pero de la que Yolanda Díaz dijo salir vencedora. Quizá sea por eso la oposición a convalidarlo de los cinco diputados morados.
La peripecia política en torno a estos tres decretos-ley, que solo es justificable por la urgencia del comienzo del nuevo curso político, el fin de las ayudas anticrisis o las exigencias europeas, debe ser una lección que el Gobierno no debe olvidar, la de cerrar bien las negociaciones antes de llevar una norma al Congreso y dejar de abusar del decreto-ley si no quiere vivir en un continuo sobresalto en lo que dure la legislatura.