Suspenso generalizado en eficiencia en las viviendas de Castilla y León. Tres de cada cuatro inmuebles que tienen en vigor un certificado energético en la Comunidad cuentan con la calificación más baja. Trasladado a las números supone que de los 191.182 etiquetas actuales, menos de 8.000 obtienen la mejor nota –letras A y B– y casi 155.000 están en el punto de mira de Europa por ser edificios con un mal aislamiento térmico y exceso de emisiones de CO2 –letras E, F y G–, y antes de 2030 tendrán que acometer reformas de rehabilitación energética para adaptarse a las nuevas directrices comunitarias. Los expertos no dudan en achacar este suspenso a la antigüedad del parque inmobiliario, pero alertan de que este escenario contribuye a un consumo excesivo de energía. Y es que, tal y como explican desde el Ministerio de Vivienda, el gasto en electricidad o calefacción de una vivienda con una nota F o G puede llegar a un 100% superior al de una que cuente con una calificación A o B. Estas últimas son las menos frecuentes en Castilla y León, al igual que en el resto de España, y suelen corresponder a los inmuebles más recientes construidos ya bajo estos estándares.
Los datos que maneja la Junta de Castilla y León revelan que solo 5.031 viviendas tienen una calificación A en consumo de energía primaria; 3.022 tienen la B; y 6.770 la C. Estas tres son las viviendas más eficientes, pero también las menos numerosas. Otras 22.365 cuentan con el certificado D; 109.548, con el E; 21.348, con el F; y 23.098, tienen el G. A pesar de esta grandes cifras, si se reduce la lupa al tipo de edificio en cuestión, se aprecian grandes diferencias. Así, pese a que la media de inmuebles con una certificación A y B es del cuatro por ciento, este escala hasta el trece en el caso de los chalets individuales, y roza el diez en los adosados. Por el contrario, frente al casi 60% de media de etiqueta E, en los chalets baja hasta el 40%.
Hay que aclarar que esto no representa la totalidad de los inmuebles de la Comunidad, ya que hay cientos de miles de edificios que todavía no han solicitado el chequeo para obtener su etiqueta. Se trata de un certificado obligatorio para vender o alquiler una vivienda en España desde el 2013, y los números revelan la urgente necesidad de acometer una reforma de calado para cumplir con la normativa europea.
Reformas a la vista
Atendiendo a la situación energética actual del parque de vivienda de Castilla y León, una gran parte de las viviendas tendrán que pasar por 'chapa y pintura' en los próximos años para cumplir con las directrices europeas. Y es que la Comisión Europea aprobó en marzo de 2023 una normativa que obligará a todas las viviendas a obtener un certificado de eficiencia energética D en un plazo de diez años, es decir, antes de 2033. Esto supone que casi 155.000 inmuebles de Castilla y León tendrá que acometer reformas para no ser sancionadas por Europa. Pero es que antes, para 2030, todas las viviendas deberán contar con un certificado de eficiencia energética de al menos la clase E.
Para acelerar este proceso de rehabilitación energética, tanto el Gobierno de España como la Junta de Castilla y León han puesto en marcha diversos programas de ayudas en los últimos años para subvencionar las obras que mejoren el aislamiento térmico, promuevan el uso de renovables o los sensores para ahorrar luz. El Ejecutivo central aprobó recientemente un paquete de casi 1.000 millones en este sentido, mientras que a nivel regional no hay actualmente ninguna línea en vigor, después de que el 30 de diciembre venciera la última convocatoria.
No obstante, desde la Consejería de Economía promoverán la eficiencia energética a través de un decreto que obligará a crear un Registro Público de Certificaciones para dotar de «una mayor transparencia» al mercado inmobiliario y desarrollar un «instrumento básico para facilitar la concesión y verificación de ayudas o beneficios fiscales».