El Ministerio Público solicita para un hombre, que en el momento de los hechos trabajaba como auxiliar de enfermería en un centro asistencial de Palencia, una pena de 12 años de prisión como presunto autor de un delito de agresión sexual contra una persona en situación de especial vulnerabilidad. La vista oral tendrá lugar este lunes en la Audiencia Provincial. 

Según el escrito de acusación al que tuvo acceso este periódico, los hechos se remontarían al mes de noviembre de 2022, cuando, presuntamente, el acusado y la supuesta víctima, una mujer con discapacidad mental leve interna en el centro, habrían iniciado una relación que esta última consideraba de «noviazgo». De acuerdo con el Ministerio Público, la intención del procesado era, «con ánimo libidinoso», «abusar» de la «incapacidad intelectual límite» y la «facilidad de manipulación» de la interna.

Al parecer, dos usuarios del centro habrían advertido de esta situación a otros trabajadores, quienes, ante estas manifestaciones y siempre según la Fiscalía, habrían revisado lo ocurrido. Tras ello, el presunto autor de los hechos fue despedido del centro y, días después, se habría comunicado con la supuesta víctima para que negara los hechos. 

El Ministerio Público solicita también para el procesado la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la supuesta perjudicada, su domicilio o lugar de trabajo, así como comunicarse con ella, por tiempo de 22 años, con abono al tiempo cumplido como medida cautelar. 

El fiscal pide también la inhabilitación absoluta durante el tiempo que dura la condena, así como ocho años de libertad vigilada después del cumplimiento de la pena de prisión. Dicha libertad, como se detalla en el escrito, acarrea para el procesado la obligación de someterse a cursos de educación sexual y la prohibición de realizar actividades, retributivas o no, en centros en los que residan personas menores o vulnerables debido a su incapacidad. 

En el apartado de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita al acusado una indemnización de 3.000 euros para la representante legal de la presunta víctima.