Vivimos una época de crisis de confianza en las instituciones. Creo que en eso la mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo. Creo, también, que la Administración de Justicia tampoco escapa a ese halo de desconfianza. Sin entrar en los motivos que nos han conducido a esta situación, se puede observar que las noticias periodísticas sobre la «politización» de la Justicia, o las relativas a las quejas de los ciudadanos sobre la lentitud en la tramitación de los procedimientos judiciales son habituales. Digamos, por tanto, que la Justicia no convence, o ya no convence tanto como solía.
Justicia, al igual que Sanidad o Educación, también es un servicio público esencial; de hecho, el gran olvidado de estos tres. Los jueces están desbordados por una carga de trabajo imposible de asumir. El sistema judicial necesita urgentemente más recursos, más medios y, sobre todo, más jueces que permitan que el servicio se preste de una manera mínimamente satisfactoria. 
No parece que a la clase política esto le preocupe ya que, en lugar de dotar a este servicio de los recursos que necesita, se decanta por desprestigiar el trabajo de los jueces o por aprobar reformas legislativas como la reciente Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de "eficiencia" del Servicio Público de Justicia. Esta norma, lejos de solucionar el verdadero problema (la falta de jueces), va a provocar que la obtención de justicia sea un proceso más lento y más costoso en términos económicos para el ciudadano. Encuentro, en consecuencia, cierto sarcasmo en el uso del término «eficiencia».
Por lo anterior, no parece que estemos avanzando en la dirección correcta para resolver esta falta de confianza en la Justicia. Y es que cuando la Justicia no convence, nos enfrentamos a un problema de primer orden. El acceso a una justicia seria, rápida y eficaz es fundamental porque es lo que permite el disfrute efectivo de los demás derechos y libertades, así como la convivencia pacífica de la sociedad. Cuando la Justicia no convence, se corre el riesgo de ruptura de los lazos sociales y de que cada cual se tome la Justicia por su mano. De hecho, es esta falta de confianza la que, en mi opinión, ha provocado la aparición de fenómenos bien conocidos como el de «Desokupa».
En definitiva, la falta de recursos, el (injusto) desprestigio del que son objeto nuestros jueces y la lentitud del sistema están provocando frustración entre los ciudadanos, quienes se sienten cada vez más desprotegidos. España necesita un compromiso político firme y soluciones efectivas. De no adoptarse medidas urgentes, el sistema judicial continuará debilitándose y la paz social, erosionándose. 
(*) Alicia Gómez García es abogada.