El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Valladolid, que codena a Sacyl a reintegrar los gastos sufragados por una paciente en una clínica privada, 50.366 euros, a la que no tuvo más remedio que acudir para operarse de un cáncer, cuando en el sistema público de salud la derivaron a 'Cuidados Paliativos', dando su caso por perdido y a la paciente "desahuciada", según la información facilitada por la Asociación 'El Defensor del Paciente'.

En ese sentido, explicó que la paciente, de 52 años, en marzo de 2020, fue diagnosticada de un cáncer de ovario en el Hospital Río Hortega de Valladolid. Tras la biopsia de la pieza, se le informó que el tumor era avanzado e inoperable, dirigiéndola a Oncología, que inició un tratamiento de quimioterapia que no mostró ningún resultado favorable. Mientras tanto, el estado de la paciente fue empeorando "a pasos agigantados", llegando a presentar caquexia en pocas semanas (su peso era inferior a 40 kilos). Por ello, se decidió pasarla a Cuidados Paliativos domiciliarios, dándola ya por desahuciada.

Entonces su familia decidió acudir a la Clínica Universidad de Navarra buscando un tratamiento que mejorase su estado. Allí facilitaron todas las pruebas diagnósticas y tratamientos realizados en el hospital de Valladolid. Cuando vieron el diagnóstico inicial, les informaron que el tumor que presentaba en el ovario sólo admitía un tratamiento posible: el quirúrgico. Por eso el tratamiento de quimioterapia que se le había aplicado no había resultado efectivo. Se les informó que era necesario operar sin demora para salvar su vida, a la vista del estado en que se encontraba la paciente.

La paciente volvió al Río Hortega de Valladolid, informando de la posibilidad de intervención de la que le habían hablado en Navarra, solicitando que Ginecología valorase tal posibilidad quirúrgica. La respuesta que recibió por parte del Hospital fue que ya estaba en manos de Paliativos, y así continuaría hasta el final. "Le denegaron el único tratamiento que le podía salvar la vida", denunció la Asociación 'El Defensor del Paciente'.

Sin embargo, la paciente decidió someterse a la intervención quirúrgica en la Clínica Universidad de Navarra. La cirugía se realizó en julio de 2020 y tras ella se realizó tratamiento de quimioterapia, quedando libre de enfermedad. Ahora, la sentencia reconoce el derecho de la paciente a que se le restituya lo que pagó en la clínica privada, al considerar que se trataba de una auténtica urgencia vital que le obligó a buscar la asistencia médica fuera del sistema público de salud para salvar su vida. 

La Consejería de Sanidad alegaba que la paciente había hecho un "uso caprichoso" de los medios de la sanidad privada, buscando ahora que se le devolviera lo gastado de una manera "injusta". La sentencia, según los demandantes, le reprocha su argumentación y obliga a la Junta a devolver a la paciente los costes que debió asumir para someterse al único tratamiento posible para el tumor de ovario, una operación que le salvó la vida, y que en la sanidad pública se le negó, "condenándole a una muerte segura".

"Se firmó una sentencia de muerte, a pesar de que existía tratamiento para erradicar el cáncer de la paciente; una intervención quirúrgica que tuvo que buscar fuera del sistema púbico de salud. Sistema al que todos contribuimos con nuestros impuestos, también esta paciente. No se puede tolerar comportamientos como el aquí sucedido", señaló la presidenta de la Asociación 'El Defensor del Paciente', Carmen Flores.