Hasta un 67,5% de los consumidores de contenidos editoriales digitales los obtiene a través de canales ilícitos, es decir, a través de la piratería, según las conclusiones del segundo Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita presentada este martes por CEDRO.
No obstante, el estudio --basado en 2.600 encuestas y varios grupos focales-- revela que un 40% de los consumidores de contenido editorial en la red de forma ilícita desconocen que son piratas por lo que los autores del documento abogan por "una estrategia adecuada" para acabar con este comportamiento, como el desarrollo de campañas informativas y de sensibilización.
"'La piratería de libros, revistas y periódicos acerca la cultura escrita a la gente'. Digamos que es una creencia que es aberrante, porque no es cierta", ha asegurado Héctor Jiménez, el director Qbo Investigación y Estrategia --consultora que ha realizado el estudio-- durante la presentación del informe en Madrid.
La presentación ha contado, entre otros, con la escritora y periodista Rosa Montero, que ha leído una carta dirigida a un lector pirata, en la que ha reflexionado sobre el impacto que tiene la piratería en los creadores y la amenaza que supone para el sector editorial.
"Lástima que, con tu comportamiento, estés empobreciendo el tejido cultural y dificultando que los creadores de contenidos puedan dedicarse a eso, a crear contenidos. Te informo de que la mayoría de los autores viven una vida bastante precaria. Sí, ya sé que ves a unos pocos en la televisión y todo te parece lujo y frenesí, pero muchos, en realidad muchísimos, dependen de unos ingresos discontinuos, tardíos y mezquinos que los obligan a vivir en constante zozobra", ha afirmado Montero durante el acto.
El estudio también ha incide en las razones que impulsan las acciones de los piratas conscientes y los argumentos que utilizan para justificar estas actividades ilícitas. Concluye que justifican sus acciones al minimizar el conflicto "entre su acción ilegal y su ética, al creer que no tienen el conocimiento necesario para actuar de otro modo o que no existen medidas efectivas contra la piratería".
Además, se han identificado los sesgos cognitivos que más influyen en este comportamiento, entre ellos, los que refuerzan la percepción de que la piratería de libros y prensa es una práctica común o aceptada y los que minimizan las consecuencias negativas de esta actividad ilícita.
Por otro lado, el segundo Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita aborda el impacto de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la protección de los derechos de autor. Al respecto, el director general de CEDRO, Jorge Corrales, ha explicado que actualmente varias empresas que desarrollan programas y bases de datos de IAG están utilizando contenidos editoriales sin la autorización adecuada y sin ofrecer la remuneración correspondiente a los autores y editores afectados.
"Esta falta de transparencia y protección de la propiedad intelectual distorsiona el mercado digital y genera una desventaja competitiva para el sector del libro y la prensa, afectando de manera negativa su sostenibilidad", ha argumentado.
"El cambio social empieza en la escuela"
Por su parte, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, también presente en el acto, ha abogado por un cambio cultural y ha destacado que "la cuestión" es ir avanzando hacia la ética: "Las administraciones tienen y pueden hacer el liderazgo del cambio normativo, pero luego tienen que provocar un cambio cultural. La sociedad es la que tiene que entender, por esta educación paulatina, tranquila, pero también continuada, de la ética, del respeto a la ética de los derechos".
"Es en la escuela donde empieza el cambio social. El día que un alumno levante la mano en el aula para decir: "Profe, ese contenido no es lícito, no podemos trabajar con él", habremos dado un paso de gigante", ha añadido la escritora Ledicia Costas, quien ha apuntado que para ello es necesario desarrollar e implementar programas educativos específicos, que promuevan conocimiento y respeto por la cultura escrita.
El estudio revela también que el 87,57% de la sociedad española opina que las administraciones públicas deben adoptar medidas para proteger la propiedad intelectual del sector editorial, que se ve afectado por esta piratería de sus contenidos.
Otro de los datos relevantes son que el 92% de los encuestados considera que los escritores, traductores, periodistas y editores son una garantía de calidad y credibilidad en los contenidos que consumen. Además, el 94% de los encuestados reconoce el papel esencial de la propiedad intelectual en el desarrollo de la sociedad, considerándola una garantía de futuro que impulsa el crecimiento educativo, el progreso profesional y la mejora la reputación del sector público cuando este adopta medidas para su protección.