El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra el Artículo único, apartados 1, 3, 5 y 6; y disposición transitoria de la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio de Caza de la comunidad autónoma de Castilla y León. 

El Tribunal, tal y como ha anunciado a través de un comunicado recogido por Europa Press, ordena que se dé traslado de la demanda y demás documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, así como a las Cortes y a la Junta de Castilla y León, para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes. 

El Defensor del Pueblo considera que los preceptos impugnados pueden vulnerar lo establecido en los arts. 9.3; 24.1; 45.1, 2 y 3 y 149.1.23 de la Constitución. 

El recurso del Defensor del Pueblo obedece a la petición realizada en este mismo sentido por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA), que consideraba que todos los partidos políticos en las Cortes se habían puesto de acuerdo y estaban "pisoteando una decisión judicial para favorecer a los cazadores", al tiempo que anunciaba su propósito de hacer "todo lo posible" para paralizar la caza en esa comunidad autónoma hasta que se asegure la supervivencia de los animales. 

Tras entregar su escrito al Defensor del Pueblo, la presidenta del partido, Silvia Barquero, manifestó ya en mayo que es "algo terrible" constatar que "todos" los partidos políticos se han puesto de acuerdo para "saltarse un auto judicial" que paralizaba la orden de caza en Castilla y León por no contar con los informes científicos que avalen el número de individuos, la zona geográfica en la que se mueven y la tasa de reproducción. 

"Están poniendo en riesgo la supervivencia de todos estos animales", denunció entonces Barquero. 

La petición al Defensor se producía después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León paralizase la actividad de la caza en esa comunidad autónoma ante un recurso del PACMA tras constatar la falta de evidencia científica que garantiza que la caza no pone en peligro especies de la zona. A continuación, los partidos autonómicos modificaron la Ley de Caza para "saltarse la decisión judicial".