Se ha comentado en más de una ocasión que la realidad social y económica de una provincia, de una comunidad autónoma o de un país, amén de las grandes cifras macroeconómicas, también se pulsa con los datos que aportan los órganos judiciales. Y según las cifras que acaba de hacerse públicas con el informe sobre los Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica trimestralmente, en el año 2023 estas no fueron precisamente buenas para Palencia en su conjunto.

Bajo este prisma, los 50 concursos de acreedores presentados ante el Juzgado Número 1, que hace las funciones de Juzgado de lo Mercantil, -31 de ellos por personas naturales no empresarias y seis por personas jurídicas-  suponen la cifra más alta conocida desde el año 2007, año en el que se inició oficialmente la última crisis económica.

De hecho, son seis más que los registrados durante 2022 y en el apartado de las personas naturales que se han acogido a esta figura jurídica para solventar sus problemas de solvencia económica suponen nueve más que los registrados en el ejercicio anterior.

Para los no iniciados en la materia, los concursos de acreedores comprenden aquellos procedimientos que, declarados y tramitados en los Juzgados de lo Mercantil, procede su apertura para cualquier deudor, sea persona natural o jurídica que no pueda cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles. Se incluyen tanto los concursos ordinarios, como los abreviados, así como los voluntarios y necesarios. 

Las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público no pueden ser declaradas en concurso.

Los 50 concursos de acreedores presentados en Palencia durante el pasado año suponen un aumento del 13,6 por ciento respecto a los registrados un año antes (44). En 2020, justo en el primer año de la pandemia del covid-19, los concursos sumaron 34, por 17 en 2019 y así hasta 2007, cuando se registró uno solo. Habría que remontarse a los años 2012 (36 concursos de acreedores) y 2013 (37 concursos de acreedores) para encontrar unas cifras tan altas, aunque siempre por debajo de las alcanzadas durante 2023.

A nivel nacional, los concursos interpuestos ante los órganos judiciales crecieron hasta alcanzar un total de 42.443, de los que 33.268 fueron presentados por personas naturales sin actividad empresarial, que incrementaron interanualmente un 114,2%. 

DESPIDOS. Pero no solo el número de concursos de acreedores refleja que la economía palentina no va por buen camino. Los datos aportados por los dos Juzgados de lo Social de Palencia reflejan que durante el pasado año se registraron 274 demandas por despido, la cuarta cifra más alta del último lustro (288 en 2022; 281 en 2021; 283 en 2020, 273 en 2019 y 268 en 2018), mientras que el número de demandas por reclamaciones de cantidades ascendieron a 344, casi un centenar menos que en el ejercicio de 2022, cuando se registraron 449.

En otro orden de cosas, las ejecuciones hipotecarias se cuantificaron en 28  durante el pasado año, frente a las 39 de 2022 y las 35 de 2021, 34 de 2020 y 41 en 2019, pero estos registros ya indican que estamos en los números de prepandemia.

Por lo demás, los procedimientos monitorios, procedimientos especiales previstos para reclamar deudas dinerarias liquidas, determinadas, vencidas y exigibles, cuando dichas deudas consten en algún tipo de documento,  subieron también el pasado año de manera muy significativa, al pasar de los 2.039 de 2022 a los 2.580 del pasado año, mientras que los lanzamientos hipotecarios (después de la ejecución hipotecaria) pasaron de 27 a 14 en el plazo de un año. 

El Consejo General del Poder Judicial también informó que a fecha de 31 de diciembre de 2023, el número de litigios que se encontraban en trámite relacionados con suscripción de créditos hipotecarios, que en los últimos años literalmente invadieron los tribunales de Justicia por parte de los usuarios por culpa de las cláusulas bancarias abusivas, ascendían a 310 después de haberse resuelto 369 tras registrarse 435 nuevas demandas.

Por último, como se ha comentado ya en varias ocasiones, desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social. 

Los datos del CGPJ indican que se tramitaron durante el pasado año cinco procedimientos, los mismos que quedan pendientes por resolver tras resolverse uno.