Este primer Ayuntamiento constitucional palentino antepuso los intereses de la ciudad a las demandas estatales. Su actitud no es un hecho aislado sino que fue una tónica de los Ayuntamiento palentinos hasta 1936, como he puesto de manifiesto en mi tesis doctoral sobre los Alcaldes de Palencia entre 1808-1936 (cum laude), proceso que se acentuó a partir de 1856, tras los Motines del Pan. 

En este contexto resulta preocupante la propuesta de reforma del poder local que plantea el actual gobierno. Algunas medidas que propone dicha reforma pueden resultar de interés y compartidas por la ciudadanía, pero otras pueden cercenar el dinamismo municipal. El Ayuntamiento es el órgano de poder más cercano y visible a los ciudadanos, y la política local el espacio en el que los ciudadanos experimentan de forma más clara el valor y posibilidades de la democracia. 

Mientras en otros territorios españoles la respuesta ante el intento del Estado liberal decimonónico de imponer su modelo político, social y económico, fue una respuesta regional o nacionalista, en los territorios castellanos la resistencia a ese proceso se generó desde el ámbito municipal.  Los Ayuntamientos, como en el caso palentino, se convirtieron en el baluarte de la defensa de los intereses de la ciudadanía castellana, generadores de una experiencia democratizadora de primera magnitud. Hoy en día son muchos los estudios que están poniendo de relieve esta dimensión y este protagonismo de la vida local castellana.

Por ello es preciso que la actual reforma del poder local no cercene el significado de los Ayuntamientos ni en lo referente a su capacidad para generar desarrollo y progreso urbano, ni para seguir siendo el lugar prioritario de la experiencia democrática.