El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, reclamó hoy a las administraciones la puesta en marcha de medidas eficaces que limiten el precio de los alquileres, a la vez que planteó la necesidad de multiplicar por cinco el parque público de viviendas de la Comunidad e "hincar el diente" a las 350.000 viviendas vacías que existen en Castilla y León.
Andrés, en la apertura de unas jornadas organizadas por el sindicato en la sede del Consejo Económico y Social (CES) para analizar este problema, también aseguró que las administraciones públicas deben incrementar la construcción y la rehabilitación. "Con la intervención pública este problema se puede resolver. Dejándolo al libre mercado, seguro que no", aseveró.
El secretario general de CCOO recalcó que en Castilla y León no hay vivienda suficiente en el mercado, mientras el alquiler está por las nubes. En este sentido, indicó que el 58 por ciento del salario de los jóvenes de Castilla y León lo destinan al pago de la vivienda, "por lo que los márgenes para la supervivencia, teniendo en cuenta el salario medio en la Comunidad, se sitúan en el umbral de la pobreza, al rondar entre los 500 y los 600 euros", explicó.
Andrés también argumentó que ni los acuerdos alcanzados en el marco del Diálogo Social -ayudas de alquiler para 20.000 familias, el incremento del parque público hasta las 4.500 viviendas y subvenciones para la adquisición de vivienda en el medio rural por parte de los jóvenes- ni la Ley de Vivienda de 2023 están acabando con el problema, "ya que no garantizan el cumplimiento del artículo de la Constitución que garantiza el acceso a una vivienda digna".
Por su parte, el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, también denunció que este derecho constitucional está muy lejos de ser garantizado en España y recalcó que mientras en los últimos diez años los sueldos en Castilla y León han subido una media del 20 por ciento, el precio de la vivienda se ha incrementado un 37 por ciento. Una subida que en comunidades como Baleares ha alcanzado el 72 por ciento.
Protección oficial
Además, Bravo advirtió que aunque más del 30 por ciento de los 20 millones de viviendas que se ha construido en España lo hicieron con apoyo y financiación pública, en la actualidad el porcentaje de las que se mantienen en un marco de protección oficial no alcanza el 2,5 por ciento, cuando en la Unión Europea se sitúa en el 9 por ciento. En este sentido, indicó que España necesita construir viviendas de protección oficial y calificarlas de forma permanente para que "cumplan una función social".
A su vez, insistió en que es necesario un cambio de modelo para que la vivienda pública no acabe en el mercado privado, ya que junto con otros fenómenos, como el auge de las viviendas turísticas o el alquiler habitacional, han convertido a la vivienda en un bien que "no es asequible para una gran parte de la población".
A su vez, reclamó que todas la comunidades autónomas apliquen la Ley de Vivienda Estatal, ya que la mayoría no están declarado zonas tensionadas y, por tanto, no están limitando la subida de los alquileres cuando estos superan el 30 por ciento de las renta disponible.
Por su parte, el presidente del CES, Enrique Cabero, también planteó la necesidad de tomar medidas para atajar un problema esencial y poder garantizar un derecho básico de la sociedad y recordó que desde el CES se viene recomendando la iniciativa pública y la ordenación del mercado para garantizar el cumplimiento de este mandato constitucional.