Hace un año y medio no fue posible la prometida reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'ley Mordaza', por la negativa de los socialistas a prohibir las devoluciones en caliente en frontera de migrantes o el uso de pelotas de goma por parte de los agentes antidisturbios, ni tampoco estaba dispuesto a rebajar las condenas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. Y todo ello a pesar de que el intento de derogación de la norma fue uno de los ejes de su campaña electoral de las generales de 2019 después de que se diera la luz verde a esta ley en 2015, coincidiendo con el gobierno de mayoría absoluta de Mariano Rajoy.
El PSOE defendió que la norma era una vuelta a un estado policial, y que se trataba de sancionar a los protestantes y disidentes, y que incluso habilitaba a la policía para el ejercicio de poderes exorbitantes de inspección, retención, investigación y represión. Sin embargo, en la búsqueda de un acuerdo con los grupos para sustituir la ley, la falta de entendimiento fue manifiesta por unas líneas rojas que se han convertido ahora en franqueables para los socialistas. Ha encontrado en EH Bildu el compromiso necesario para tratar de dar la vuelta a otra norma en un nuevo ejercicio de funambulismo político.
Conociendo la deriva del PSOE en los últimos tiempos, anteponiendo el interés de mantener un gobierno a pesar de que navega en la inestabilidad de unas pocas tablas, tratará de justificar un texto con ideas tan atractivas como que la nueva ley garantizará los derechos y libertades de los ciudadanos además de la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, la realidad es que está encontrando apoyo el PSOE para reformar esta norma precisamente en esos grupos políticos que llevan años tratando de condicionar la acción policial que hoy por hoy garantiza la libertad de la ciudadanía. Si no, ¿cómo se explica la excentricidad de EH Bildu de querer eliminar el uso de pelotas de goma de los antidisturbios por su peligrosidad, cuando ha sido aliento político del terrorismo en los años más duros de finales del siglo pasado?
Los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil casi al unísono han pedido ya la dimisión del ministro Marlaska por lo que califican como el mayor ataque a las fuerzas de seguridad sufrido en democracia. Con esta supuesta ley represora, policías y guardias civiles vienen sufriendo más de un millar de agresiones cada mes. ¿Qué sucederá si se da alas a los violentos y a los delincuentes?
Mientras, el ala socialista del gobierno calla o trata de echar balones fuera dirigiendo el protagonismo hacia asuntos banales, a sabiendas de que esta nueva cesión a los socios lo único que trata es de reforzar son acuerdos de investidura que vuelven a demostrar la artificialidad de la legislatura.