OPINIÓN.- COMO recogieron los medios de comunicación, Palencia fue la última provincia de Castilla y León donde llegó la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), cuyos primeros casos en España datan de septiembre de 2022. La EHE ya se ha extendido hoy a prácticamente todo el territorio peninsular, porque la transmiten unos mosquitos y no hay vacuna para ella en la Unión Europea.
Esta enfermedad infecciosa afecta sobre todo al ganado bovino. Afortunadamente, no se contagia a las personas y pueden consumirse con tranquilidad todos los productos ganaderos. Sin embargo, en todas las explotaciones donde aparece sí se ve mermada su producción normal, no sólo entre las reses que desarrollan la EHE, con la muerte de animales en los casos más graves, sino por abortos, ralentización de crecimiento... Asimismo, todos los ganaderos se ven obligados, como medida preventiva, a utilizar insecticidas y repelentes para intentar salvaguardar a su explotación, y a incrementar las labores veterinarias, lo que supone sobrecostes.
Desde Asaja hemos venido criticando la pasividad durante meses ante este problema, tanto de la administración central como de la regional. ¡Y eso que el Estado autonómico supuestamente era más ágil y eficaz! En esta materia, ha vuelto a suceder que «unos por otros, la casa sin barrer». Al menos, en cuanto a la prestación de ayudas directas a los ganaderos afectados, que solo en nuestra región rondaban mediado octubre las tres mil trescientas (aunque labores preventivas han tenido que desarrollar, en mayor o menor medida, todos nuestros productores de bovino).
Para colmo, en este año y pico de extensión de la EHE por España, se han vivido dos procesos electorales (uno nacional; y otro, local y autonómico) y desde el 1 de julio nuestro país preside por turno la Unión Europea, de manera que las agendas de los responsables políticos -incluida la del ministro del ramo- no andaban precisamente despejadas para prestar la atención que merecen los problemas reales. Ejemplo máximo es el señor Planas, que repitió como cabeza del cartel del PSOE en su provincia, Córdoba; y se mantuvo en funciones al frente de la cartera de Agricultura, una de las más exigentes durante la presidencia comunitaria de turno.
Finalmente, la Junta de Castilla y León aprobó, ya en noviembre, unas ayudas directas que compensarán buena parte de los daños y sobrecostes. Pero el Ministerio, satisfecho con su papel coordinador, argumenta que esas ayudas directas a los afectados por la EHE corresponden sólo al poder autonómico, porque la mortalidad de la enfermedad es «relativamente baja», y porque la administración central no ha aplicado aquí un mecanismo de erradicación que obligase a matar obligatoriamente a reses, lo que sí le exigiría compensar tales sacrificios.
Cualquiera imagina el barullo social que la amalgama de partidos que sujeta al actual Gobierno habría montado a un Ejecutivo de otro color con la EHE extendiéndose por toda la Península, con decenas de miles de explotaciones y de reses muertas, lo que implica millones de euros de pérdida económica. Pero este poder central ha vuelto a echar balones fuera. Y el Ministerio, dedicado a sus mesas, sus fotos, sus reuniones, sus protocolos, sus excusas de mal pagador…
Ya ha perdido uno la cuenta de los graves desprecios a la ganadería desde el Gobierno español, pero este último duele más por dos motivos. Primero, porque el ministro Planas dijo solemnemente en febrero en sede parlamentaria que la ganadería es «una prioridad en la acción del Gobierno y una actividad clave en la economía de España» (¡menos mal!). Y, segundo, porque ganadería rima con amnistía, esa misión política que jamás dijo ningún cargo gubernamental que constituyese una prioridad. ¿Habrá llegado ya la EHE hasta Waterloo? Porque nuestros dineritos públicos... parece que sí.