Natural de Saldaña, el jurista Jesús Quijano ocupó la Secretaría Regional del Partido Socialista enCastilla yLeón entre 1990 y el 2000. Asimismo, fue procurador de la formación en las Cortes de Castilla y León durante 20 años y diputado por Valladolid en el Congreso entre 2008 y 2011. Actualmente, este expolítico es catedrático emérito de Derecho Mercantil. 

¿Cabe realmente la ley de amnistía en la Constitución?
La constitución no prohíbe expresamente las leyes de amnistía, pero tampoco las permite. Personalmente, creo que hay más argumentos a favor que en en contra.

La ley de amnistía de 1977 con la que se compara se aprobó en un contexto completamente distinto, cuando se trataba de superar una larga etapa de dictadura con un discurso de reconciliación entre los españoles, el cual era compartido por una inmensa mayoría de ciudadanos. Hoy en día, hay un estado democrático funcionando con unas reglas básicas de separación de poderes. Además, la amnistía afectaría a otras reglas, como el principio de igualdad.

A día de hoy, la mejora de la convivencia en Cataluña es el principal argumento del Gobierno para sacar adelante esta ley. ¿Usted cree que mejorará?
No dudo que en el sector de la sociedad catalana que más directamente está afectado por el enjuiciamiento de aquellos hechos pudiera tener un efecto positivo para la convivencia. Ahora bien, habría que valorar el precio. Si la ley tiene un impacto benéfico en esa facción de Cataluña, pero al mismo tiempo recibe una reacción contraria de una parte importante de la sociedad española en su totalidad, entonces es para pensárselo. 

La gente ya no lo ve como una necesidad para la convivencia, sino para obtener unos votos que garanticen la continuidad de la legislatura. El planteamiento es bastante distinto, ya que no es lo mismo justificar una medida de este tipo por lo primero que por lo segundo. Si realmente se quiere justificar este paso por la necesidad de la convivencia, se podría haber planteado como un asunto electoral, porque la situación era la misma el 20 de julio que el 24. 

Tras conocerse el escrutinio y ver la importancia de Junts para la investidura de Pedro Sánchez, ¿se veía venir esta situación?
Cuando se empezaron a ver las primera reacciones ya se podía intuir que íbamos a llegar a este punto. Lo que no se podía prever es que se iba a tirar de la cuerda tanto como se está tirando. 

¿Cabía otra alternativa? Sí, e incluso una repetición electoral. Ojalá el mapa político español permitiera un acercamiento entre los dos grandes partidos para que no dependieran de las minorías que tienen a un lado y al otro.

Uno de los términos más polémicos en el texto es el de lawfare, que puede definirse como el uso de la justicia como instrumento político. Visto así, ¿supone la ley un peligro real para la separación de poderes?
No, porque los jueces van a seguir teniendo las competencias que ya tienen. 

Hay una cosa que pasa desapercibida: una vez entre la ley en vigor no es automáticamente aplicable sin más. Hace falta que, caso por caso, el juez competente la aplique. Por ello van a seguir teniendo un papel importante. Esto hace contemplar que habrá jueces que planteen una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea, una cuestión de inconstitucionalidad, etc., y, por tanto, que el proceso de aplicación se alargue. Que no se dé por hecho que con la aprobación de la ley está todo resuelto. 

El lawfare es una cuestión que se analiza con una cierta ligereza. Lawfare viene a significar que hay, en determinadas decisiones judiciales, una finalidad política más que jurídica. Eso, en términos amplios, nunca está excluido. 

Una decisión jurídica, por ejemplo, fue la condena del Partido Popular en la Caso Gürtel. De ahí derivó una moción de censura y un cambio de Gobierno. Eso es porque, a veces, la aplicación de una ley, además de consecuencias jurídicas, tiene también otras políticas. Ahora, pensar que hay decisiones judiciales movidas de antemano…

El foco del caso ahora está en si muchos de los actos del Procés pueden enmarcarse dentro del delito de terrorismo. ¿Usted cómo lo ve?
Cualquiera que recuerde las imágenes de aquellas noches en Barcelona se acordará de las cosas verdaderamente graves que ocurrieron, como los ataques a las fuerzas públicas con adoquines o la quema de coches. Ahora, bien: ¿pasan la barrera del terrorismo? Ahí tengo mis dudas.

En nuestro Código Penal tenemos la tipificación de los delitos de terrorismo muy en relación con el que hemos padecido, con balas y bombas. Muchos de los delitos de terrorismo en nuestras leyes están definidos desde esa perspectiva. Para que algo sea considerado terrorismo hacen falta unas acciones y unos fines determinados. Si bien el Procés tiene finalidades similares, como el hecho de subvertir el orden constitucional o buscar la segregación de una parte del territorio nacional, ¿sus actos superan el listón de lo que se considera terrorismo? Por todo ello, hay procedimientos judiciales abiertos, y será en ellos donde esto se determine. 

Como antiguo diputado y exsecretario regional del PSOE, ¿cree que el actual partido representa a los valores de la formación?
Los que tenemos una cierta edad y hemos vivido una etapa política pasada tenemos la tendencia de pensar que aquello fue mejor, aunque hay que reconocer que la época que vivimos presenta cambios en las circunstancias y el mapa político. También tengo que decir que echo de menos el ambiente de aquella etapa. En otros tiempos, la relación entre las fuerzas políticas era cordial. Era fácil dialogar y llegar a acuerdos.