El 9 de mayo de 2006 se produjo una auténtica convulsión en los medios de comunicación. Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior y entonces juez de la Audiencia Nacional, ordenaba a la Policía Nacional el registro de las sedes de Fórum Filatélico y Afinsa. Saltaba así a la luz la mayor estafa piramidal de la historia de España y eran detenidos los principales responsables de las empresas citadas.

Las actuaciones, que recibieron el nombre de operación Atrio, respondían a una querella de la Fiscalía Anticorrupción -tras una denuncia previa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)- por delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental.

La estafa, que concluyó en el año 2006 tras la intervención de las sociedades, consistía en la captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores con el compromiso de devolver en el plazo determinado un interés añadido superior al de las entidades financieras. 

El abogado Joaquín Reyes Núñez, en su despacho. - Foto: Sara MuniosgurenEl motivo que alegaban para retribuir el dinero que recibían era la inversión en valores filatélicos. En la publicidad de sus productos sostenían que los sellos se revalorizaban de manera constante y sostenida. La actividad se formalizaba en contratos-tipo de compraventa de lotes de sellos que en realidad encubrían las características verdaderas de la transación.

El inversor compraba, según decían, por un precio equivalente al valor de la filatelia que le adjudicaban, asumiendo la compañía el compromiso de recompra por el que se obligaba a devolverle en un plazo el dinero aportado más la rentabilidad acordada.

AFECTADOS DE PALENCIA. El letrado Joaquín Reyes Núñez, cuyo despacho de abogados defendió los intereses de 200 de los casi 2.500 palentinos -también representó a otro centenar de Valladolid, Salamanca, Zamora y Bilbao- que se estima se vieron afectados y que se personaron en la causa, facilitó en su momento a Diario Palentino la sentencia dictada por la Audiencia Nacional y que, posteriormente, fue prácticamente ratificada en casación, con algunas matizaciones, por la sala de lo penal del Tribunal Supremo. 

En cuanto se ejecutara supondría una indemnización global cifrada en 8,5 millones de euros en favor de sus patrocinados. En cualquier caso, se estima que en Palencia la cifra indemnizatoria para todos los afectados podría alcanzar unos 35 millones de euros, 30 millones de principal y los cinco restantes de intereses. Las cantidades defraudadas oscilarían entre los 4.000 y los 35.000 euros, según los datos aportados a este periódico por las acusaciones particulares.      

Aunque es muy difícil de pormenorizar, se trata posiblemente del despacho privado que aglutinó el mayor número de afectados de la provincia por esta enorme estafa piramidal.

«Después de 15 años de que explotara el caso las víctimas han podido recuperar entre un 30 y un 40 por ciento de las cantidades defraudadas y con las iniciativas procesales que se están llevando a cabo actualmente creo que se podrá llegar hasta el 60 por ciento del total de lo defraudado», explica a este periódico Joaquín Reyes Núñez. Recuerda el caso como un «auténtico drama familiar. Muchos perdieron los ahorros de toda su vida. Lo curioso es que, salvo en dos casos, todos los afectados eran familias de clase media o clase media-baja. No había empresas afectadas y, lo más preocupante, estoy convencido de que habrá muchas más víctimas que no se personaron por vergüenza».

«Las captaciones se realizaban entre los círculos cercanos de los afectados y eso profundizó aún mucho más en la herida abierta», añade Joaquín Reyes Núñez.

El veterano abogado palentino, uno de los 28 que participaron en el proceso en la Audiencia Nacional, acaparó el interés informativo precisamente un año antes de dictarse sentencia (julio de 2018) cuando solicitó a la sala el embargo de «bienes suficientes» de los condenados para cubrir las responsabilidades reclamadas y para realizar el «completo pago» a los perjudicados por todos los conceptos establecidos en la sentencia de instancia, que fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

EMBARGOS. La petición se argumentaba en base al artículo 526 de la Ley Rituaria Civil que refleja que se podían ejecutar provisionalmente las sentencias dictadas en primera instancia, «sin someter la petición a plazo alguno y sin necesidad de prestar caución». En este caso, a juicio del letrado palentino, se trataba de un fallo de condena el pago de cantidad líquida en favor de los perjudicados la cantidad global de unos 3.000 millones de euros como responsabilidad civil derivada de los delitos y según la cuota asignada a cada uno de ellos directa o subsidiariamente.

Joaquín Reyes Núñez, por lo demás, mantiene que actualmente  se está procediendo a investigar y detallar tres cajas fuertes depositadas en Suiza, cuyo contenido podría servir para sufragar indemnizaciones para los afectados: «Sabemos que hay cuentas y colecciones de arte, pero hay que esperar a conocer con más detalle estas cajas fuertes halladas», apunta el abogado palentino, quien, por otro lado, subraya que las sociedades, que siguen en concurso de acreedores, tienen en su poder 150 millones de sellos, «pero hay que saber cuántos lotes son de sellos falsos».

El letrado palentino también añade que Hacienda ha devuelto en este tiempo unos 120 millones de euros que irán a parar al pago de indemnizaciones «porque increíblemente estas sociedades presentaban balances contables con grandes beneficios en cada ejercicio fiscal para seguir aparentando una solvencia que en realidad no tenían, por lo que pagaban altas cantidades en tributos. Tras destaparse la realidad, Hacienda ha tenido que corregirlo en forma de devoluciones».

LA ÚLTIMA PALABRA DEL SUPREMO

El Tribunal Supremo dictó sentencia en marzo de 2020 contra la que no cabía recurso alguno salvo el de amparo ante el Tribunal Constitucional, que no paralizaba la ejecución, y que supuso la estimación parcial de los recursos presentados por los once directivos de Afinsa condenados por la estafa masiva a 268.000 personas en el ámbito nacional. La condena era firme para 16 responsables del fondo con penas que oscilaban entre los 6 meses  y los 11 años y 10 meses de cárcel, esta última impuesta al expresidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, por delito continuado de estafa agravada en concurso con insolvencia punible y continuado de falseamiento de cuentas anuales, así como blanqueo de capitales, por el que era condenado además a pagar una multa de 49,7 millones de euros.

El dictamen del alto tribunal de la nación establecía que la indemnización a las víctimas de la que debían responder los acusados Briones y Juan Ramón González Fernández (exasesor jurídico de la empresa), y subsidiriamente Fórum Filatélico, se determinaría en ejecución de sentencia en atención al total de las cantidades efectivamente entregadas por los clientes a Fórum Filatélico, minorada en las cuantías percibidas por los perjudicados con motivo de la liquidación de la compañía, y sin contar los intereses pactados que no hubiesen sido abonados.

El Supremo corrigió la sentencia de la Audiencia Nacional en algunos aspectos técnicos y redujo así la condena a Briones de 12 años y 4 meses a 11 años y 10 meses debido a que, en relación con el delito de blanqueo de capitales, al concurrir una atenuante (dilaciones indebidas), la pena debió imponerse en su mitad inferior, cuyo máximo era de 3 años y 3 meses, que es lo que se establece (en vez de los 3 años y 9 meses que impuso la Audiencia).

La modificación principal afectó al exasesor jurídico de Fórum Juan Ramón González, cuya condena pasó de 6 años y 3 meses a 3 años y 3 meses de prisión, más una multa de 15,9 millones, porque el tribunal entendió que, en relación al delito de estafa, su actuación encajaba como cómplice y no como cooperador necesario. Por otra parte, la sentencia del recurso de casación absolvió a cuatro de los veinte condenados por la Audiencia Nacional, al considerar que no había prueba suficiente contra ellos y que debía prevalecer su presunción de inocencia. Y respecto al testaferro Pedro Ramón Rodríguez, se le redujo en 6 meses la pena (de 3 años y 6 meses a 3 años) como cómplice de la estafa.

ARGUMENTOS. La sentencia explicaba que Fórum Filatélico ofrecía al público  lotes de sellos asegurándoles que, transcurrido el plazo fijado en el contrato se encargaría de la venta de los mismos en el mercado a un precio superior y que, de no encontrar comprador, la propia Fórum los adquiriría. Esto último era lo que ocurría prácticamente en todos los casos. Además, les aseguraba una rentabilidad durante ese plazo, superior a la que ofrecían las entidades bancarias.

Los clientes, explican los magistrados, ignoraban que en realidad el dinero que la sociedad recibía de ellos se destinaba en parte a la compra de nueva filatelia a precios muy inferiores a los que luego se vendían o adjudicaban a los clientes, en parte a pagar a los clientes que deseaban recuperar su inversión o a quienes percibían el interés asegurado, en parte al funcionamiento de la empresa y en parte se desviaba hacia el patrimonio personal de los acusados. 

Ignoraban también según la resolución del alto tribunal que la única forma de devolver el dinero a quienes lo solicitaban al finalizar los contratos o de pagar los intereses asegurados era disponer de las cantidades de dinero entregadas por los inversores, ya que Fórum no tenía otras fuentes de ingresos.

La sentencia indicaba que algunos acusados crearon y otros participaron en circuitos creados con sociedades interpuestas mediante las que, haciendo circular la mercancía de forma real o supuesta, conseguían, con sucesivas compraventas, incrementar artificialmente el precio de los sellos que finalmente adquiría Fórum.

También procedieron a extraer clandestinamente de Fórum sellos ya adquiridos por esta, que hacían circular por el circuito de esas sociedades para que finalmente volvieran a Fórum, que así pagaba nuevamente por los mismos sellos.