El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, señaló que los porcentajes en relación al grado de cumplimiento y aceptación de las recomendaciones realizadas por el órgano de control externo a las diferentes entes fiscalizados "son bastante positivos", aunque dejó claro que los porcentajes son "relativos y discutibles". Afirmó que el aspecto más importante recae en que se acepte la recomendación, porque "muchas veces su aplicación se difiere en el tiempo de tal manera que es muy difícil medir su efectividad", dijo.

Durante su comparecencia para la presentación del Informe de seguimiento de las recomendaciones del ejercicio 2022, Amilivia subrayó que el criterio del Consejo de Cuenta a la hora de considerar el dato de aceptación de las recomendaciones es sumar las cumplidas, tanto total como parcialmente, con las acertadas. "Nosotros hemos optado por un informe anual de seguimiento de recomendaciones, lo que quiere decir que las estadísticas no pueden ser tan favorables a un informe del Consejo de Cuentas, pero la intensidad del control es mucho más elevado y es lo que persigue un informe anual de recomendaciones. Este sistema convierte las recomendaciones y su seguimiento en un bucle de control", aseguró.

De esa forma, según el informe presentado, dos de cada tres recomendaciones realizadas en 2022 han sido aceptadas por los entes fiscalizados. El grado de aceptación, un 65 por ciento, tiene en cuenta tanto aquellas recomendaciones que se han cumplido total o parcialmente (56 por ciento) como aquellas en las que únicamente se ha manifestado su conformidad (nueve por ciento). En el año 2021, el porcentaje de aceptación fue del 75 por ciento.

El grado de aceptación varía según las administraciones, por lo que Junta de Castilla y León logra un 68 por ciento, los municipios un 63 por ciento, y las universidades públicas 75 por ciento. En la evolución histórica de la aceptación de las recomendaciones por tipo de administración, destaca que, salvo casos puntuales, todas las administraciones están por encima del 50 por ciento de recomendaciones aceptadas en los últimos años. 

En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones por los distintos entes fiscalizados y, de acuerdo con sus contestaciones, se considera que han sido aplicadas de forma íntegra o parcial un total de 110 de las 195 analizadas, lo que representa un grado de cumplimiento del 56 por ciento. Se ha producido un aumento de cinco puntos porcentuales respecto del 51por ciento (194 de 380) obtenido en el informe de seguimiento de las recomendaciones del ejercicio 2021. 

De las 76 recomendaciones no aplicadas por los entes fiscalizados, 17 (un nueve por ciento del total de las recomendaciones) han sido tomadas en consideración, es decir, aceptadas en su contenido a pesar de no haber sido todavía puestas en marcha. En 2021 alcanzaron un 24 por ciento. Respecto de la evolución del cumplimiento de las recomendaciones en los últimos años, en 2022 se anota el mejor registro, igualado a 2019. Así, en 2022 se ha cumplido total o parcialmente un 56 por ciento de las recomendaciones, en 2021 un 51 por ciento, en 2020 un 55 por ciento, en 2019 un 56 por ciento, en 2018 un 42 por ciento, en 2017 un 46 por ciento, en 2016 un 42 por ciento, en 2015 un 34 por ciento.

Verificaciones

En relación a la imposibilidad de verificar algunas conclusiones, Amilivia detalló que el informe apunta que son aquellas que pese a ser aceptadas, corregidas o aplicadas por el ente fiscalizado, se necesitaría obligatoriamente de alguna prueba adicional para contrastar lo verificado. Por ese motivo, son consideradas como imposibles de fiscalizar, al igual que las que no han sido contestadas se consideran como no asumidas, sin perjuicio de que sí hayan sido atendidas con posterioridad.

Además, señaló que, en ocasiones, el Consejo de Cuentas hace fiscalizaciones posteriores ante el eventual incumplimiento que ha existido a las recomendaciones. "Es un sistema de control complejo y continuado en el tiempo", añadió.

Respecto al porcentaje de cumplimiento, como en los años anteriores, es muy heterogéneo entre las diversas administraciones analizadas. Los municipios el 54 por ciento (62 de 115); la Junta de Castilla y León el 59  por ciento (45 de 76); y las universidades 75 por ciento (tres de cuatro). Atendiendo a la naturaleza, legal o especial de los informes, el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones este año varía sustancialmente, por la mejora que se experimenta en los primeros. 

En los informes legales han sido aplicadas total o parcialmente el 79 por ciento  (29 de 37) de las recomendaciones analizadas, mientras que en los informes especiales el porcentaje alcanza el 51  por ciento (81 de 158). En 2021 los informes legales registraron un índice de cumplimiento del 43  por ciento y los informes especiales el 52  por ciento. 

El grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Junta de Castilla y León, única administración que es fiscalizada todos los años, es superior al año anterior. La evolución experimentada es la siguiente: un 20 por ciento  en 2014, un 22 por ciento  en 2015, un 22 por ciento  en 2016, en 2017 un 32 por ciento , un 31 por ciento  en 2018, un 60 por ciento  en 2019, un 48 por ciento  en 2020, un 38 por ciento  en 2021 y un 59 por ciento en 2022, que son 21 puntos más que el año anterior, siendo el segundo mejor año de la serie histórica. 

Además, este es el año que menos recomendaciones no aplicadas tiene la Junta de Castilla y León (30 por ciento ). Finalmente, el Consejo de Cuentas, con el objetivo de ampliar la utilidad de este informe anual para el conocimiento de las mejoras introducidas mediante la aplicación de sus recomendaciones, impulsará la realización de otros informes orientados al seguimiento específico en determinadas fiscalizaciones.