Los planes que anuncia el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, José Luis Escrivá (el ex de Inclusión y Seguridad Social) suponen ciertamente una reforma a fondo de la Administración del Estado a través de las nuevas tecnologías digitales. Y falta hace, sin duda, para modernizar los burocráticos procesos relacionados con los administrados y, de paso, recuperar el denostado prestigio de los funcionarios. Todo con el objetivo general de mejorar lo máximo posible los servicios públicos que se prestan al ciudadano.
El anuncio de Escrivá puede ser el punto de inflexión para poner fin al calvario que sufren no pocos españoles con la dichosa imposición de la cita previa para casi todo, una práctica más acusada desde la pandemia y que parecía ya la única vía para interactuar con los organismos dependientes del Estado y el resto de las administraciones. Y lo que era aún peor, que provocaba una comercialización de los trámites en el mercado negro, por ejemplo, los relativos a Extranjería.
Si lo pensamos bien, más que una cita previa puede decirse, sin lugar a equívocos, que es una cita a ciegas y, a veces, sine die, lo que colma la paciencia de cualquiera. En plena era digital y con las herramientas de la inteligencia artificial llamando a la puerta un día sí y otro también, no es de recibo que sigamos con modelos obsoletos, más propios de tiempos pasados.
De las palabras de Escrivá, pronunciadas esta semana en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, se deduce que la finalidad que se persigue es configurar una Administración estatal con los estándares de calidad de los países escandinavos, en los que no caben citas previas obligatorias ni tasas de reposición de personal. Para ello se pretende sustituir el sistema español por un prototipo que diseñe las plantillas en base a los servicios públicos que presta el Estado del bienestar y los escenarios presupuestarios plurianuales fijados por la Unión Europea, en palabras del propio ministro.
Ojalá que el actual desatino tenga pronto fecha de caducidad, aunque habrá que estar expectantes para comprobar que no se trata de nuevo de un 'globo sonda' cargado de buenas intenciones, pero irrealizable ni tan siquiera en el medio plazo.
Con absoluta sinceridad, creo que a estas alturas los españoles y también quienes vienen a nuestro país en busca de mejores oportunidades se merecen, nos merecemos, una Administración pública mucho más útil y eficiente, que dé respuestas de manera fehaciente a las necesidades que precisa el conjunto de la población, que no olvidemos es la que al final la paga.