El Ayuntamiento dictaminará el próximo lunes, en la comisión informativa de Medio Ambiente, la ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones, un paso crucial, ya que el jueves, tres días después, el pleno del Ayuntamiento debatirá, votará y aprobará la normativa. Un trámite que, gracias al acuerdo entre el equipo de Gobierno liderado por la alcaldesa Miriam Andrés y el grupo municipal del Partido Popular, saldrá adelante sin problemas, por lo que la capital se sumará a Valladolid, Burgos, Segovia y Ávila, las otras capitales de la región que ya han aprobado sus ordenanzas para implementar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

El texto de la ordenanza llega sin cambios respecto a lo pactado por los dos principales grupos políticos del Ayuntamiento a mediados de diciembre. Así, una vez entre en vigor, podrán circular por la zona comprendida entre el paseo del Salón y las avenidas de Manuel Rivera, Casado del Alisal, Antigua Florida, Simón Nieto y Castilla, todos los vehículos con etiqueta ambiental (0, ECO, B y C) y también los vehículos sin etiqueta de residentes. Esto significa que, de los 49.708 vehículos registrados en la capital, podrán acceder a esta zona aproximadamente 44.631. En concreto, incluye a los 31.162 vehículos con etiqueta ambiental y a los 4.923 matriculados sin etiqueta de residentes. Por lo tanto, las restricciones afectarán en un principio a 4.461 vehículos sin etiqueta de no residentes.

Diariamente, se estima que acceden a la ZBE 13.216 vehículos de residentes y 11.974 de no residentes. De estos, 8.292 de residentes y 7.514 de no residentes tienen etiqueta ambiental y podrán circular sin restricciones.

El nuevo texto, mucho menos restrictivo que el planteado por el equipo de Gobierno del PSOE en un principio, también aplaza las restricciones que inicialmente estaban previstas para el 1 de enero de 2025. La nueva versión introduce una simplificación significativa respecto a las fechas de restricción de acceso para los vehículos y establece que el 1 de julio de 2026 comenzará el control de accesos a la ZBE sin restricciones, con el objetivo de informar a los propietarios de los vehículos cuya entrada quedará prohibida más adelante. Sin embargo, no será hasta el 1 de julio de 2027 cuando se impondrá la restricción definitiva para aquellos vehículos que carezcan de etiqueta ambiental (los denominados etiqueta A).

Del mismo modo, se incorporan importantes exenciones, como el acceso de vehículos sin etiqueta para recoger y llevar a menores en centros educativos de la ZBE, permitiendo dos vehículos por menor en horarios específicos. También se garantiza el acceso para compras y prestación de servicios, apoyando al comercio local, así como para vehículos que transporten a personas con movilidad reducida temporal, como mujeres con embarazos de riesgo, personas lesionadas o aquellas en tratamiento médico.

Con el dictamen favorable de la comisión y la aprobación por el pleno de la ordenanza, se abrirá un plazo de 30 días para su información pública y la presentación de alegaciones. Una vez se resuelvan, habrá que llevar el texto de nuevo al pleno para su aprobación definitiva.

Progresos desiguales en sostenibilidad urbana

En Castilla y León, la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), establecida por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021), avanza a un ritmo desigual entre las capitales de provincia. Valladolid, Burgos, Segovia y Ávila ya han aprobado sus respectivas ordenanzas, aunque estas incluyen moratorias de hasta seis meses para la imposición de sanciones. Mientras tanto, León, Soria y Ponferrada aún deben completar los trámites necesarios para su aprobación en pleno.

A nivel nacional, la implantación de las ZBE ha sido irregular, a pesar de que las ciudades con más de 50.000 habitantes estaban obligadas a establecerlas desde enero de 2023. Según la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, «ya no valen las excusas», pero la realidad muestra que muchas urbes aún no han cumplido con la normativa. Entre las razones esgrimidas por los ayuntamientos para justificar el retraso se encuentran la falta de recursos financieros, la carencia de personal especializado y la complejidad técnica. Algunas ciudades han priorizado otras medidas en materia de movilidad o argumentan que sus niveles de contaminación no justifican la creación de estas áreas.

Las ZBE buscan reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire, fomentando el uso del transporte público, la bicicleta y zonas verdes. En España, el transporte genera el 25 % de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto invernadero. Estas medidas pretenden, además, mitigar los efectos de las islas de calor y las partículas contaminantes, responsables de más de 300.000 muertes prematuras al año en Europa.

En Cataluña, Barcelona lideró la puesta en marcha de las ZBE en 2020 y, este año, nuevas ciudades metropolitanas como Viladecans o Sant Boi comenzaron a sancionar infracciones. En Galicia, Vigo sigue retrasando su implementación, mientras que otras áreas buscan limitar las restricciones al mínimo. En Andalucía, Málaga activó su ZBE en 2024, mientras que Sevilla mantiene restricciones para vehículos contaminantes entre semana. En el País Vasco, Bilbao fue la primera capital vasca en implantar la ZBE, logrando una reducción del tráfico del 14 %, mientras San Sebastián y Vitoria avanzan en fases progresivas.

En comunidades como Castilla-La Mancha y Extremadura, las ZBE aún están en fases iniciales o enfrentan recursos judiciales. Por su parte, Navarra y Baleares optan por una implantación progresiva, mientras que en la Comunidad de Madrid se ha iniciado un periodo de aviso hasta diciembre de 2025. La creación de ZBE es un desafío técnico, económico y político, pero se mantiene como una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad de vida en las ciudades. En Castilla y León, la aprobación y puesta en marcha de estas áreas marcarán un avance significativo hacia una movilidad más sostenible.