La defensa del crimen de Aguilar estudia recurrir

J. Benito Iglesias
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Afirma que hay "contradicciones" en el veredicto condenatorio por asesinato del jurado popular y que se da por probado que «el acusado atacó por sorpresa a la víctima, pero también que estaba en posición de combate ante su agresor»

La defensa del crimen de Aguilar estudia recurrir - Foto: Sara Muniosguren

El abogado asignado de oficio de Iván S.B., de 32 años, autor confeso de matar con un cuchillo de grandes dimensiones a Óliver G.G., de 47 años y vecino de Aguilar, el 15 de abril de 2021, anunció ayer que -en función de la pena que sea impuesta en la sentencia tras determinar el jurado popular que debe ser condenado por asesinato- ya estudia un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León. «Con el relato que se da por probado, creemos que la calificación de asesinato no es un hecho sino una valoración jurídica, en principio vetada al jurado, y no debe ser vinculante para la sentencia inicial. En los hechos relatados y votados, con un veredicto que echó para atrás el magistrado en tres ocasiones, hay vaivenes y pronunciamientos contradictorios», expuso Óscar Bilbao.

Esta situación se ve reflejada, según el letrado de Iván S.B., en opiniones del jurado que no concuerdan. «Se dice que el acusado atacó por sorpresa a la víctima, pero también se reconoce luego que estaba en posición de combate frente a su agresor.Veremos en qué términos se expresa el magistrado y la pena impuesta en la sentencia condenatoria. Hablaré con mi representado y él decidirá si recurrimos o no», concretó.

La Fiscalía, que inicialmente pidió para Iván S.B. 12 años de prisión, finalmente se quedó en 15 años y un día de cárcel, junto a una indemnización global para la familia de la víctima de 175.000 euros. Por su parte, la acusación particular solicitó (pedía inicialmente 25 años)  un total de 18 años de prisión y 200.000 euros de indemnización. La defensa, que ve homicidio pero no asesinato al no existir alevosía, solicitó para su cliente (tras pedir inicialmente cinco años de cárcel teniendo en cuenta varias atenuantes) elevar la pena a 10 años con igual indemnización que la solicitada por el Ministerio Fiscal.