El pasado 1 de julio entró en vigor la nueva normativa para ascensores, la cual afectará, de acuerdo con los datos del registro de ascensores de la Junta de Castilla y León, a los 4.212 inscritos en la provincia. 

La nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) AEM 1 de Ascensores, aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado mes de abril, tiene como principal objetivo mejorar la seguridad de sus usuarios, así como reducir en la medida de lo posible los accidentes. Esto se pretende conseguir mediante la instalación de mejores controles de carga, la sustitución de las guías, la modificación de los contrapesos o la mejora en la asistencia telemática en caso de emergencia, por citar algunas de las modificaciones que deberán afrontar los titulares de los ascensores.

Este reglamento afectará a todos los elevadores, tanto los existentes como los de nueva construcción, pues todos deberán estar adaptados a los mismos estándares. La diferencia en el coste de dicha adaptación recaerá sobre la antigüedad de los mismos, incrementándose en aquellos que tengan más de 30 años.  

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Palencia, Antonio Landa, calcula que, en la provincia, un 20% de los ascensores superan esa longevidad. Eso significaría que las mayores actuaciones deberán acometerse, a priori, sobre unos 840 aparatos, aproximadamente. En caso de que haya que sustituirlos por completo, el desembolso puede llegar «hasta los 50.000 euros». 

El mayor desembolso recaerá sobre los que requieran la sustitución de guías y contrapesos. No obstante, desde la Asociación de Ascensoristas de Castilla y León matizan que «cada caso habrá que tratarlo de forma individual, y las diferencias económicas entre un caso y otro pueden ser importantes», de acuerdo con las declaraciones de su presidente, Jesús Marino.

NUEVAS OBLIGACIONES. Más allá de lo que conlleve la reparación, desde el Colegio de Administradores de Fincas advierten del posible encarecimiento de los precios en los servicios de mantenimiento, pues se aumentarán las obligaciones de las firmas mantenedoras. Y es que la nueva normativa recoge lo siguiente en relación con las competencias de las empresas de elevadores: «Dejar el aparato fuera de servicio y comunicar de forma fehaciente esta circunstancia, tanto al titular como al órgano competente en materia de industria de la comunidad autónoma en la que radica la instalación, dentro de las 24 horas siguientes, si transcurrido el plazo del vencimiento de la inspección periódica correspondiente no se hubiera realizado esta».

Los titulares de los ascensores (particulares, comunidades de vecinos, empresas, etcétera.) deberán esperar hasta su próxima inspección periódica para determinar los cambios a acometer. Tras su realización, se dará un nuevo margen de tiempo para afrontar las mejoras necesarias. 

En caso de que un elevador tenga el período caducado o un fallo grave en su funcionamiento, serán ahora los mantenedores los que lleven a cabo esta labor, la cual anteriormente era responsabilidad de los Organismos de Control Acreditados (OCAs). «El mantenedor, en cuanto tenga conocimiento de que se da el caso para ello, va a cerrar el ascensor», señala Landa. Cabe recordar que, en términos generales, estas inspecciones deben realizarse cada cuatro años. 

Otra de las modificaciones importantes es la obligación de que el elevador posea un manual de funcionamiento. Hasta la fecha, esta condición solo era obligatoria para aquellos posteriores a 1997. 

La Asociación de Ascensoristas aprueba la nueva normativa, pero incide en la necesidad de divulgarla

a Asociación Empresarial de Ascensoristas de Castilla y León (Acyleas) manifiesta su «posición de conformidad» respecto al Real Decreto 355/2024, el cual aprueba la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) de Ascensores que entró en vigor el pasado 1 de julio. Así lo expone a Diario Palentino su presidente, Jesús Marino, quien subraya la importancia del anexo VII de la normativa. «Pretende igualar la seguridad de los ascensores existentes a la que ya se exige a los nuevos. Este tema representará una mejora importante en la seguridad de los usuarios, por lo que valoramos de forma muy positiva su implantación», afirma. 

A pesar de ello, desde Acyleas reconocen que esta nueva normativa «representará un esfuerzo importante de las empresas para adaptarse a los requisitos de la norma». «Las actuaciones de mejora de seguridad supondrán un aumento de actividad, pero muy espaciada en el tiempo», añadió. En este sentido, Marino puntualiza que no se esperan un problema de sobresaturación en el sector, «aunque puede haber situaciones puntuales en función de la organización de cada empresa». 

Desde el colectivo inciden en la necesidad de divulgar los nuevos aspectos que acarrea la ITC. «Desde la publicación del Real Decreto hemos visto mucha información, pero posiblemente no bien dirigida. Es distinta la información que necesita conocer una empresa del sector que un usuario de una comunidad de propietarios», explica Marino. 

Así, Acyleas convoca a todos los actores del sector a una jornada informativa en las instalaciones de la Consejería de Industria, en Valladolid, que se llevará a cabo el 1 de octubre. «Se ha retrasado hasta el mes de octubre con el objetivo de tener bien definidas las interpretaciones de algunos de los artículos el Real Decreto», subrayan.

El Colegio de Administradores de Fincas de Palencia, junto con las firmas Schindler y Otis, llevó a cabo una iniciativa divulgativa similar. Los pasados 17 de mayo y 20 de junio organizó sendos cursos formativos para informar sobre las nuevas modificaciones.

La Asociación Empresarial de Ascensoristas de Castilla y León es una entidad de carácter regional que representa al 90% del mercado ascensorista de la región. De acuerdo con las cifras del registro de ascensores de la Junta de Castilla y León, esto equivaldría a unos 56.200 dispositivos de los 62.451 totales.