La posible instalación de una planta de biogás ha levantado en armas a los vecinos de Reinoso de Cerrato, que han mostrado su firme oposición al proyecto y denuncian la «desinformación» a la que el pueblo se ha visto sometido por parte de la empresa promotora y el anterior equipo de Gobierno.
La planta en cuestión procesará del orden de 200.000 toneladas de residuo agroganadero al año y se pretende construir «a escasos mil metros» del casco urbano, según denuncian los vecinos, que afirman sentirse «ninguneados».
En este contexto se celebró una asamblea vecinal que dio como resultado la constitución de la plataforma Stop Biogás Cerrato, cuyo objetivo principal es «brindar apoyo a los ciudadanos interesados en presentar alegaciones al proyecto», explica a Diario Palentino su portavoz, Juan Francisco Fuentes.
Por el momento suma ya del orden de un centenar de adhesiones en un municipio con apenas 56 vecinos empadronados, según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre todos ellos pretenden llevar «una sola voz» que alerte sobre los principales contratiempos y problemas que han detectado y que se han encontrado de bruces con la oposición de «más del 80 por ciento» de la población.
En el transcurso de la asamblea también se abordó la «incompatibilidad» de este tipo de industrias con la normativa urbanística municipal. No en vano, el Ayuntamiento está en la idea de fomentar las rutas senderistas y ciclistas que hay en el entorno, lo que choca de lleno con el proyecto industrial.
NO ES EL LUGAR
A tenor de la información facilitada por la plataforma, la planta de biometanización «viola» el principio de proximidad y autosuficiencia. Y es que, según concreta, la localidad no genera residuos susceptibles de ser tratados y ni siquiera cuenta con red de gas que dé servicio a los vecinos. En este sentido, consideran que hay emplazamientos más apropiados, en polígonos industriales equipados con todos los suministros (agua, luz, desagües…).
Además, alertan de la «falta de rigor técnico» de la propuesta y la «ausencia» de un análisis socioeconómico del territorio adecuado que evalúe el impacto que generen los olores y el incremento de tráfico de caminos: «entre cinco y seis por hora durante 14 horas al día en rutas muy próximas al casco urbano».
En otro orden de cosas, desde la recién creada plataforma (se constituirá oficialmente esta semana en la Junta de Castilla y León), lamentan igualmente que no se haya tenido en cuenta la realidad demográfica del pueblo, en su inmensa mayoría gente mayor. «Se debería haber fomentado el principio de participación ciudadana antes de la presentación de la evaluación de impacto ambiental, garantizando así la inclusión y el respeto por las voces de todos los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones», concluyen.