La apuesta por el modelo ecológico es clara en la Unión Europea (UE). El objetivo de que el 25% de las tierras comunitarias destinadas a la producción agraria se trabajen de este modo en 2030 lo evidencia. Pero las políticas para incentivar la adopción de este método en el sector parecen dejar mucho que desear. Al menos así lo considera el Tribunal de Cuentas de la UE, que afirma en un informe sobre agricultura ecológica que las estrategias europeas en este ámbito presentan «lagunas e incoherencias».

En el período comprendido entre 2014 y 2022 los agricultores recibieron alrededor de 12.000 millones de euros en ayudas a las prácticas de cultivo ecológico procedentes de la PAC. Según el análisis de los auditores, esos fondos se utilizaron para aumentar la superficie cultivada ecológicamente «sin tener suficientemente en cuenta los objetivos medioambientales y de mercado establecidos por la política de la UE en materia de agricultura ecológica». Los auditores también constatan que es una práctica común obtener autorización para utilizar semillas no ecológicas cuando se plantan cultivos ecológicos y señalan que, actualmente, «no hay forma de medir cómo se han materializado los supuestos beneficios medioambientales de este modelo».

Las ayudas de la PAC están destinadas a compensar a los agricultores por los costes adicionales y las pérdidas de ingresos derivados del cambio de la agricultura convencional a la ecológica, pero les obligan a producir ningún producto ecológico para recibir dinero de la UE, de modo que «la producción ecológica sigue siendo un mercado muy reducido que representa menos del 4% del mercado alimentario total de la UE», apunta el informe. «No basta con centrarse en aumentar la superficie, sino que hay que desarrollar el mercado e impulsar la producción. De lo contrario, corremos el riesgo de crear un sistema desequilibrado que dependa totalmente de los fondos de la UE», añade.