Esa satisfacción era de esperar, no en vano la modificación del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término «disminuidos» por el de «personas con discapacidad» es una reivindicación antigua, que acumula varias décadas y que, inexplicablemente, ha tardado demasiado en consensuarse. También los colectivos palentinos dan la bienvenida al cambio y no solo por la terminología, con ser necesaria e importante, sino porque incluye un segundo punto que amplía la consideración de estas personas en el sentido de impulsar políticas públicas que garanticen su plena autonomía y la inclusión social, en entornos accesibles, y con los apoyos que sean precisos. Porque no basta con hablar de sus derechos para darlos por cumplidos, ni de mirar sus necesidades con una especie de guiño cómplice que más parece suficiencia y quedar bien de cara a la galería, sin hacer nada al respecto. Hay entidades, asociaciones, centros especiales de empleo que se dejan la vida a diario para mejorar no solo la calidad de vida, sino para aprovechar todas las oportunidades encaminadas a esa inclusión.  

Y en este punto hablamos de las personas con discapacidad intelectual, pero también física y sensorial, que tropiezan a menudo con barreras que deben sortear hasta que consiguen su eliminación. Se ha avanzado mucho en las últimas décadas en este camino inclusivo, pero resta tanto o más por conseguir. Y un primer paso significativo es este cambio normativo. Porque lo es en la Carta Magna, porque adquiere de esa forma carácter universal y no está sujeto a que unas comunidades puedan ser más o menos avanzadas. Es una modificación garantista de los derechos de un amplísimo colectivo, que no quiere conmiseración o caridad, ni siquiera complicidades impostadas y políticamente correctas, sino su consideración como ciudadanos con plenos derechos.

 Tanto Fedispa, como la Fundación San Cebrián, Acremif, el Centro Cultural de Sordos y la ONCE coinciden en que ya era hora de acordar un cambio de este calibre, que les da visibilidad, que salda una deuda histórica, que impulsa un marco protector y que elimina la consideración de las presuntas debilidades o incapacidades de las personas con discapacidad intelectual, física y sensorial. Lo celebran y confían en que no se quede en un bonito artículo de la Carta Magna o en apretón de manos de los grupos políticos que lo han apoyado, sino que sirva de manera eficaz para seguir trabajando por su plena inclusión, por su  incorporación al mercado laboral, por su independencia económica y por unas condiciones de vida que, aunque mejores que hace años, son susceptibles de avanzar en igual sentido que las de las personas capaces.