Que el Gobierno haga política ventajosa para sus socios desplumando a los considerados 'invisibles', que para colmo se enteran cuando la operación trueque se ha consumado, evidencia que alguien circula en dirección contraria y puede provocar el inevitable choque. Leía en El Mundo: «El Cervantes gastó 3,4 millones en el edificio regalado al PNV» ¿A una entidad privada? Sí. El edificio que el Estado traspasa al PNV es un palacete situado en la parisina Avenue Marceau, 11. El Instituto Cervantes quedará como inquilino hasta el 31/12/2030 previo pago de un millón al año; el PNV incrementará su patrimonio inmobiliario asegurándose más ingresos y el PSOE cualquier día regala nuestra alma al diablo. Aquí, se han hecho muchas tropelías y esto clama al cielo implorando juicio ya que, sea como sea, siempre ganan los mismos. Porque si el Estado protege así el patrimonio de todos, pobre España la de la Sanidad de las largas listas de espera. Sigo leyendo: «Directores anteriores del Instituto Cervantes tenían claro que la propiedad del inmueble pertenecía al Gobierno de España después de un largo litigio judicial que cerró el  Tribunal Supremo con una sentencia en 2003» y añade: «Los tribunales franceses en varias ocasiones dieron la razón al gobierno español». «El palacete es de todos», dicen los constitucionalistas vascos y  destacan: «El PNV no ha podido demostrar la propiedad del inmueble que pasará a ser suyo». A este punto Anasagasti response que ese inconveniente se solucionó con una disposición ad hoc de la Ley de Memoria Histórica: «Si no fuera por la perentoria situación de Sánchez nunca se NOS hubiera devuelto». Pero llegó y besó el santo de la  peor forma, pirateando el patrimonio de todos los españoles. Esto es el empezose del acabose que decía Mafalda, la niña de Quino. No es entendible que el presidente del Gobierno tenga tanta vara alta como para vender, regalar o trocear este país ya de por sí expoliado, donde a los carcajeantes separatistas los convierten en pieza clave del Gobierno, y cada día los hacen más  imprescindibles. Deberían sopesar las competencias pertenecientes al Estado que tienen.