28.220 personas pide las ayudas de la Junta al alquiler

SPC
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Vivienda cerró el 15 de enero el plazo de solicitud de una convocatoria que cuenta con un plazo de resolución de seis meses

28.220 personas pide las ayudas de la Junta al alquiler - Foto: FS ICAL

La Junta de Castilla y León ha recibido un total de 28.220 solicitudes en la convocatoria de ayudas al pago del alquiler de la vivienda de 2023, lo que supone una cifra superior que en la anterior edición cuando se presentaron 24.721 peticiones, por lo que han aumentado 14,15 por ciento. De ellas, 6.294 llegaron a las ventanillas de la Administración autonómica de forma electrónica -1.980 de renovación- y 21.926 de forma presencial, según los datos facilitados a Ical por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

El plazo de presentación de los formularios se abrió el pasado 1 de diciembre y cerró el pasado 15 de enero, con la novedad de que los beneficiarios de la anterior edición, un total de 14.277, podían pedir la renovación de una forma más simplificada, sólo con la remisión de los recibos bancarios y un anexo si convivían con personas mayores de 14 años. Además, en esta ocasión cuenta de forma inicial con un presupuesto de 19,72 millones, ampliable en otros 14. 

A partir de ahora, una vez recopiladas todas las solicitudes, comienza la revisión de los expedientes para detectar incidencias con el fin de avanzar en su resolución, si bien el periodo establecido en la convocatoria para hacerlo son seis meses. De hecho, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ya ha señalado que previsiblemente esta línea se resolverá en verano, como se ha hecho en otras ocasiones, salvo el pasado año cuando se cerró en octubre.

Por provincias, Valladolid es en la que se han presentado más solicitudes, un total de 6.475, seguida de León con 5.438 y Salamanca con 4.319. A continuación figuran Burgos (3.510), Segovia (2.230), Ávila (2.112), Palencia (1.663), Zamora (1.558) y Soria, con 915. La vía presencial fue la mayoritaria, con 21.926 expedientes, de los que 4.628 corresponden a la provincia vallisoletana, 4.298 a la leonesa, 3,130 a la salmantina, 2.836 a la burgalesa, 1.846 a la segoviana, 1.740 a la abulense, 1.273 a la zamorana, 1.370 a la palentina y 805 a la soriana. 

En cuanto a las electrónicas, se contabilizaron en toda la Comunidad 6.294, de las que 1.980 fueron de renovación: Ávila (124), Burgos (231), León (330), Palencia (104), Salamanca (359), Segovia (128), Soria (27), Valladolid (573) y Zamora (104). El resto se distribuyeron entre las 248 de la provincia abulense, las 443 de la burgalesa, las 810 de la leonesa, las 189 de la palentina, las 830 de la salmantina, las 256 de la segoviana, las 83 de la soriana, las 1.274 de la vallisoletana y las 181 de la zamorana. 

Más fondos

La Consejería que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones contempla un presupuesto de 19,72 millones para la convocatoria de 2023, de los que 630.045 euros se reservan para las solicitudes de personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida. No obstante, este departamento prevé incrementar la cuantía total en otros 14 millones, lo que no requerirá una nueva convocatoria, pero dependerá de la declaración de disponibilidad del crédito. Con ello, el importe total ascendería a 33,72 millones, lo que supone 4,36 millones más que en 2022.

De nuevo, estas ayudas, convocadas en régimen de concurrencia competitiva, tienen como objetivo facilitar el acceso a viviendas en régimen de alquiler o cesión de uso a sectores de la población con recursos económicos limitados. Los beneficiarios podrán ser personas físicas mayores de edad, que sean titulares de un contrato de alquiler, de cesión de uso o de arrendamiento de una vivienda o habitación que constituya su residencia habitual y permanente.

Además, en cuanto a renta, es necesario que el total de los ingresos anuales de la unidad de convivencia sea igual o inferior a tres veces el IPREM (23.725,80 euros) y superiores a 0,5 veces el IPREM (3.954,30 euros). El límite máximo se incrementa hasta cuatro veces el IPREM (31.634,40 euros) para familias numerosas de categoría general o víctimas de terrorismo o hasta cinco veces (39.543,00 euros) para familias numerosas de categoría especial o de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento.

En la convocatoria de 2022, se incluyó por primera vez el alquiler de habitaciones como objeto de la subvención, siempre que su importe no supere los 150 euros si se ubica en un municipio del medio rural y 200 euros en el resto.